Este jueves 6 de agosto, el Senado se prepara para tratar la derogación de la Ley de Tierras. Hay que decirlo con todas las letras y de forma explícita: lo que está en juego es la venta de la Patria. Estamos ante un intento directo de entregar los bienes territoriales del país. Es rematar la soberanía.
La tierra sobre la que estamos parados sostiene el agua dulce, las fuentes de energía, los vientos, los humedales y los minerales de las provincias. Entregar esos campos a capitales extranjeros sin ningún tipo de límite estratégico significa que el destino de esos recursos pasará a ser decidido por intereses económicos o políticos de otros países. Si esta reforma se aprueba, estaremos hablando de colonias en nuestro suelo bicontinental. Terminaremos con otras Malvinas en el corazón del territorio nacional.
Desde la reforma constitucional de 1994, las provincias ostentan el dominio originario de sus recursos naturales. Dejar que un fondo de inversión extranjero compre extensiones clave equivale a desarmar el control que las comunidades organizadas ejercen sobre su propio territorio.
En su intervención en La Rural el domingo pasado, el presidente Milei adelantó que la derogación de esta ley busca abrir la compra de tierras para desarrollos turísticos, forestales o mineros a través del RIGI y del “Súper RIGI”. Esto, a su vez, conduce a un peligro permanente. Cualquier irregularidad (ya sea del tipo ambiental o no) que se desprenda de estos proyectos será tratada por la justicia extranjera, arrastrando a la Argentina a extensos litigios en tribunales internacionales como el CIADI.
A esto se suma la desprotección absoluta del entorno. Las leyes de fomento suelen otorgar hasta 30 años de estabilidad fiscal a las grandes corporaciones, garantizándoles ganancias e impuestos fijos. El problema real es que esa estabilidad impositiva no cuida el agua, ni la tierra, ni la salud ambiental de las poblaciones. Se asegura el margen económico de la empresa, dejando totalmente desamparado el sustento natural donde operan esos emprendimientos.
Referencias históricas del pensamiento nacional como Arturo Jauretche o Raúl Scalabrini Ortiz lo plantearon con claridad: la independencia política se disuelve por completo cuando un país pierde el control de su suelo y sus recursos estratégicos.
Nadie pone en duda la necesidad de atraer inversiones productivas que generen trabajo real en las regiones. Lo que resulta inaceptable es habilitar esquemas extractivos donde los pequeños productores terminan sufriendo el impacto ambiental mientras las corporaciones esquivan la jurisdicción de las leyes locales.
Por eso hay que exigirles a nuestros senadores nacionales, Corpacci, Andrada y Fama, y al gobernador Jalil, que voten en favor del pueblo y protejan la soberanía nacional. El territorio argentino es un patrimonio estratégico que debemos defender y entregar a las futuras generaciones. Se trata de una defensa de la patria. No queremos otras Malvinas.
