El presidente Javier Milei presentó hoy el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para poner fin a “la estafa de falsificar” dinero que llevó a una “tasa de inflación acumulada de más de 12 trillones por ciento” desde 1935.
El proyecto es una de las iniciativas legislativas del ejecutivo de cara a las próximas semanas. El mensaje fue grabado hace unas horas en el Salón Blanco de la Casa Rosada y duró menos de 20 minutos. “El Banco Central permitió el robo de la política”, aseguró el mandatario en el inicio de su discurso. Junto a él estuvieron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal.
El mandatario centró su argumento en la inflación como mecanismo de recaudación encubierta. La reforma del Banco Central, sostuvo, “viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación”. Para dimensionarlo, citó la inflación acumulada desde la creación del organismo en 1935: una cifra de veinte dígitos que repitió dos veces en cadena. También apuntó al presente siglo: “En lo que va del siglo XXI la tasa inflación acumulada asciende a 168.580 por ciento”.
Milei recorrió luego lo que definió como una serie de expropiaciones históricas. Sobre el origen de la entidad, afirmó que “la propia creación del Banco Central arrancó con una estafa al cambiar la paridad cambiaria del oro que estaba en las reservas”, con un resultado que “a lo largo de una década le robó el 50% del salario a los argentinos”.
Sobre la salida de la convertibilidad, planteó que los 15.000 millones de dólares de aquel momento “pasaron a manos de los políticos”. Y responsabilizó a Cristina Fernández de Kirchner y a la expresidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont por el Fondo del Bicentenario de 2010, al sostener que “le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares”.
El “grillete fiscal”
El segundo pilar del anuncio es lo que el Gobierno bautizó “grillete fiscal”: una regla permanente que, según Milei, “asegurará que la Argentina no puede votar ni sostener un presupuesto deficitario”. Justificó la necesidad de una ley en la desconfianza hacia el Parlamento: “La historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público”.
El mecanismo prevé que, si el resultado fiscal es deficitario durante varios meses seguidos, el Congreso tenga algunas semanas para reequilibrar las cuentas. Si no lo hace, se activa automáticamente el shutdown: se paralizan las actividades no esenciales del Estado, se congelan los gastos nuevos, no se adjudican contratos ni se toma personal y se frenan las transferencias discrecionales a las provincias. La sanción más llamativa alcanza a la propia dirigencia: durante la vigencia del mecanismo, el Presidente, el Vicepresidente, legisladores, ministros, secretarios y subsecretarios “no cobrarán un solo peso de sueldo”.
“Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes la política pagará el costo, no lo pagará la gente”, planteó. Y se anticipó a las críticas al aclarar que quedarán expresamente exceptuadas las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario. Una vez aprobada, dijo, se invitará a las provincias a adherir.
Mercado de capitales y seguros
El tercer bloque apunta al sistema financiero. Milei sostuvo que “dejar nuestros ahorros fuera del sistema, en una caja de seguridad, bajo el colchón o en el exterior, atenta contra nuestro propio crecimiento”, y anunció un proyecto de liberalización del mercado de capitales cuya idea rectora es “correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quién quiere producir”.
Entre las medidas concretas mencionó la habilitación de bonos corporativos en moneda extranjera y unidades de valor, y la desregulación del financiamiento colectivo, un instrumento que, según dijo, en la Argentina quedó inutilizado por exceso de requisitos.
El último eje es el mercado de seguros, que describió como “burocrático, limitado e ineficiente”. La reforma prevé “libertad absoluta para que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador”, que pasaría a enfocarse solo en la solvencia de las empresas y en la protección de los contratantes frente a estafas.
Al cerrar, el Presidente vinculó los cuatro proyectos: “Estas reformas tienen una secuencia legislativa, pero están todas interconectadas”. Y remató con la apuesta política: el paquete, dijo, pondrá fin a “91 años de saqueo, expropiación, impunidad, decadencia”.
