En sintonía con esa valoración, desde Greenpeace Argentina consideraron urgente prestar atención a los problemas ambientales que podrían desencadenar los proyectos mineros y extractivistas desregulados en los Andes.
“Una enorme masa de hielo y roca se desprendió en el Himalaya y desencadenó una inundación devastadora. Las causas exactas todavía se están investigando y no podemos afirmar que algo igual vaya a ocurrir en Argentina. Pero este episodio vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los ambientes de alta montaña frente a un clima que cambia”, establecieron desde la organización.
En ese sentido, cuestionaron la reducción de la protección de los glaciares y ambientes periglaciales argentinos y sostuvieron que “ante el aumento de las temperaturas, necesitamos más conocimiento, más monitoreo y más protección. No menos”.
En mayo pasado, días después de que se promulgara la modificación de la Ley 26.639, numerosas organizaciones ambientalistas presentaron un amparo colectivo en el Juzgado Federal de La Pampa para frenar la aplicación. La iniciativa, que tuvo la adhesión de más de 850 mil personas, denuncia la inconstitucionalidad de la reforma y solicitan una medida cautelar para proteger el agua.
“Hoy seguimos esperando una respuesta que puede cambiar el rumbo de nuestros glaciares. Nepal es una advertencia. Argentina todavía puede elegir proteger sus glaciares, su agua y sus ecosistemas”, indicó Greenpeace Argentina.
En relación a las probables consecuencias catastróficas que podrían tener lugar en el país, el organismo puso de ejemplo dos antecedentes de tragedias ambientales que tuvieron lugar en las provincias de Mendoza y San Juan. El primero, en la localidad de Cacheuta, en 1934, donde “un glaciar bloqueó el río y, al vaciarse el lago, una enorme crecida descendió hasta la ciudad y provocó grandes daños”; mientras que el segundo fue en 2005, en la localidad de Los Erizos, cuando “un deslizamiento bloqueó un río y, al ceder la barrera, se liberó en poco más de una hora el equivalente a más de 12.000 piletas olímpicas, provocando inundaciones y daños”.
En tanto, el glaciólogo Javier Grosfeld, investigador que trabaja junto al IPATEC (CONICET), recordó en sus redes sociales que Bariloche casi sufre en 2009 una tragedia similar a la que ocurrió esta semana en el continente asiático, cuando un lago glaciar que se había formado al pie del Ventisquero Negro aumentó su volumen luego de varias semanas de lluvias intensas, haciendo colapsar la barrera natural y provocando un alud al pie del cerro Tronador, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Aquel torrente de barro y agua arrastró grandes bloques de hielo hasta el lago Mascardi, a 24 kilómetros de la ciudad rionegrina, llevándose puestos a innumerables animales y bosques centenarios de centenarios de lenga, coihue y ñire; entre otras consecuencias. Por varios días, los pobladores de Pampa Linda quedaron aislados.
En esta línea, el científico remarcó la necesidad de profundizar los estudios sobre los GLOF (por sus siglas en inglés, Glacial Lake Outburst Flood, o inundación por vaciamiento de un lago glaciar) para poder prevenirlos.
Los negocios que atacaron la Ley de Glaciares y el amparo judicial popular
La reforma a de Ley Nacional de Glaciares, o Ley 26.639, sancionada originalmente en 2010, habilita a las provincias a autorizar proyectos mineros en áreas periglaciales (zonas aledañas a los glaciares) si consideran que no tienen reservas estratégicas de recursos hídricos, lo que abre las puertas a decisiones discrecionales, según los ambientalistas. Pese a las numerosas manifestaciones populares en su contra, los legisladores del Congreso la aprobaron en medio de la ola de nuevas inversiones mineras, principalmente en litio, cobre y oro, impulsadas por los beneficios fiscales que está otorgando el Gobierno libertario a las empresas.
El impacto que puede ocasionar esta modificación en el ambiente es enorme. El coordinador del área legal de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Cristian Fernández, dijo a la agencia EFE: “Permitir la minería en estos ecosistemas puede generar muchos problemas. Vuelan la montaña con dinamita y arman un dique de cola, donde vierten agua y sustancias químicas como cianuro, con el peligro de que se filtre hacia las napas subterráneas y contamine acuíferos que conectan con ríos. Además, estos diques artificiales pueden colapsar”.
“La reforma de la Ley en ese sentido puede ser muy nociva para este ecosistema tan complejo y tan necesario también para para los tiempos que vienen de de megasequías”, postuló.
Y añadió: “Tenemos que cuidar estas reservas estratégicas de agua y no ponerlas al servicio de la megaminería de cobre”.
Por su parte, el abogado ambientalista y presidente de la AAAA, Enrique Viale, explicó que Argentina se encuentra en una región de grandes movimientos sísmicos. “Justamente coincide, en nuestro caso, en la zona cordillerana y precordillerana, donde están los grandes emprendimientos mineros. Ese fue uno de los planteos fundamentales nuestros para la defensa de la Ley de Glaciares”, puntualizó a Página|12.
“Estos proyectos están en ejecución en este momento, como las minas Veladero o Vicuña, en San Juan, que estuvieron detrás de la modificación de la Ley de Glaciares y que la puesta en marcha del RIGI, precisamente en zonas sísmicas. Ahí hay grandes diques de cola, que son creaciones artificiales a donde van los residuos mineros y que, en caso de un sismo importante, pueden ceder y generar situaciones muy parecidas a la que pasó en el Himalaya”, aseveró.
Por su parte, Rossi Serra, de Greenpeace Argentina, remarcó que los glaciares conservan el 70 por ciento del agua dulce del planeta, por lo que cumplen un rol fundamental de regulación de los ciclos hídricos y el consumo humano, riego y generación de energía. “Entre el 18 y el 20 por ciento de los argentinos depende de manera directa del agua de deshielo de glaciares y ambientes periglaciales”, advirtió la experta.
En este contexto, junto a la provincia de La Pampa, estos organismos presentaron un amparo colectivo para exigir que no se aplique la modificación de la Ley, hasta que la Justicia se pronuncie sobre su constitucionalidad.
“El trámite judicial es lento. El juzgado tiene paralizada la resolución. Estamos bastante preocupados con la ausencia de respuesta”, indicó Viale a la agencia EFE.
La causa judicial tiene un antecedente de peso: en 2019 la Corte Suprema argentina ratificó la constitucionalidad de la ley de 2010 al fallar en una demanda iniciada en 2011 por la minera canadiense Barrick Gold y la provincia de San Juan contra esa norma.
En aquella sentencia, la Corte reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes públicos y que, en contextos de conflicto, los derechos colectivos -como el acceso al agua-prevalecen sobre otros intereses.
“La reforma es inconstitucional a todas luces y, más allá de la estrategia judicial, buscaremos que este tema esté en la agenda pública de cara a las elecciones de 2027 en Argentina, impulsando una ley que restablezca la protección de los glaciares”, afirmó Fernández. “Tragedias como las de Nepal deben abrir los ojos de todos”, concluyó.
