Argentina atraviesa una transformación profunda de su mercado laboral, cuyas consecuencias sociales recién comienzan a dimensionarse. Un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado sobre la base de estadísticas oficiales, establece que la desprotección laboral alcanza hoy al 45,2% de los trabajadores del país. Dicho de otro modo, más de cuatro de cada diez argentinos que tienen una ocupación lo hacen sin aportes jubilatorios, sin estabilidad y sin acceso a los beneficios sociales que supone integrar el mundo del trabajo registrado. La cifra describe una característica estructural que se ha profundizado en los últimos años y que golpea con particular dureza a los jóvenes, a las mujeres y a los adultos mayores.
El aporte más relevante del relevamiento no reside únicamente en revelar la magnitud de la informalidad, sino en la introducción de un indicador que permite comprender con mayor precisión la verdadera fisonomía del mercado de trabajo argentino: el desempleo blue. Se trata de una medición que busca captar la desocupación encubierta, identificando a aquellas personas que buscan activamente un empleo, que trabajan un número reducido de horas semanales y que lo hacen, además, dentro de actividades precarias o desprotegidas. Es, en definitiva, un intento de nombrar una realidad que las estadísticas tradicionales suelen dejar fuera de foco, la de quienes no figuran como desocupados porque realizan alguna changa, pero cuya inserción laboral es tan frágil que equivale, en los hechos, a la ausencia de empleo genuino.
Mientras la tasa de desempleo oficial se ubica en el 7,8%, la incorporación del desempleo ampliado -del 7,7%- eleva el desempleo blue al 15,5% durante el primer trimestre del año, el valor más alto registrado desde el cambio de gestión.
Catamarca no permanece al margen de este fenómeno. La provincia figura entre los distritos con mayores caídas en la masa de empleo privado asalariado registrado, en un proceso que reconoce como principal causa la retracción de sectores que históricamente traccionaron la demanda de mano de obra local, como la obra pública y el comercio, y en menor medida la industria.
Resulta paradójico que el segmento más castigado por esta dinámica sea el mismo que depositó una parte considerable de su expectativa de cambio en la actual gestión nacional. La tasa de desprotección laboral entre los jóvenes de 18 a 26 años trepa al 61,6%, un guarismo que revela hasta qué punto la precariedad se ha convertido en la norma, y no en la excepción, para quienes recién ingresan al mercado de trabajo. Difícilmente pueda sostenerse un proyecto de país que no ofrezca a sus generaciones más jóvenes una perspectiva de estabilidad laboral mínimamente razonable.
El deterioro descripto plantea un desafío que excede la mera generación de puestos de trabajo. La experiencia reciente demuestra que el crecimiento del empleo, cuando no viene acompañado de calidad y de derechos, produce un aumento de la vulnerabilidad social. Se requieren, por lo tanto, políticas activas de empleo que no se limiten a estimular la creación de puestos por cualquier vía, sino que apunten decididamente a la formalización, a la protección previsional y a la estabilidad de quienes trabajan.
