El escándalo por los créditos hipotecarios sumó un nuevo capítulo con la aparición de Carolina Olivera, titular de la Unidad de Gestión Técnico Operativa del PAMI. Según informó el periodista Beto Valdez, la funcionaria accedió en octubre de 2025 a un préstamo superior a los 500 millones de pesos y hoy mantiene una deuda que supera los 565 millones con el Banco Nación. El caso no solo reavivó las críticas sobre el acceso de funcionarios a líneas de crédito privilegiadas, sino que también puso el foco en los vínculos personales dentro del ecosistema estatal.
Olivera está casada con Ezequiel Cabrera, jefe de administración y finanzas de MED-EL Latinoamérica, una empresa proveedora del PAMI en tecnología médica, especialmente implantes cocleares. Ese dato, en medio del escándalo, encendió alertas sobre posibles conflictos de interés.
El contexto en el que surge esta información es clave. A comienzos de abril se conoció que un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación por montos que llegaron hasta los 350 mil dólares. Desde la entidad aseguraron que todas las operaciones se realizaron bajo condiciones habituales, sin excepciones.
Sin embargo, la acumulación de casos comenzó a generar ruido político. Entre los beneficiarios aparecen Juan Pedro Inchauspe, del directorio del Banco Central; Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía; y Federico Furiase, actual secretario de Finanzas. También figuran Emiliano Mongilardi, del directorio de YPF, y Juan Pablo Carreira, vinculado a la comunicación oficial.
image
La presión política y el reclamo de explicaciones
Desde la oposición, el tema escaló rápidamente. El diputado socialista Esteban Paulón exigió que el Banco Nación informe si existieron condiciones preferenciales para funcionarios del oficialismo. La sospecha gira en torno a posibles ventajas en tasas, requisitos o tiempos de aprobación.
El reclamo no quedó solo en declaraciones. Denuncias judiciales impulsadas por Paulón junto a la diputada Mónica Frade activaron una investigación que ahora se tramita en la Justicia federal. La causa abrió una disputa interna en los tribunales. La jueza María Eugenia Capuchetti solicitó unificar su expediente con el que ya tramita el juez Ariel Lijo, quien rechazó ceder la investigación argumentando que su juzgado intervino primero y ya cuenta con impulso fiscal.
La definición quedó en manos de la Cámara Federal porteña. El camarista Eduardo Farah deberá resolver qué juzgado continuará con el caso o si ambas investigaciones seguirán en paralelo.
image
Mientras se define la competencia, Lijo avanzó con medidas concretas. Ordenó una auditoría a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN) y solicitó al Banco Nación la entrega de documentación completa sobre los créditos otorgados desde diciembre de 2023. El fiscal Gerardo Pollicita pidió relevar legajos, evaluaciones crediticias, registros de ingresos y escrituras. El objetivo es determinar si hubo irregularidades o beneficios indebidos en el otorgamiento de los préstamos.
La investigación apunta a posibles delitos como administración fraudulenta, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles. Entre los mencionados también aparecen el ex titular del Banco Nación, Daniel Tillard, y el funcionario del Banco Central Juan Curuchet.
image
Quién es Carolina Olivera
Carolina Olivera es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires en 2004. Su trayectoria profesional comenzó en estudios contables y luego continuó en el sector privado, vinculada a relaciones laborales. Ingresó al PAMI en 2012 y desde entonces ocupó distintos cargos dentro del área de Recursos Humanos. Fue coordinadora, subgerente, jefa de departamento y, más recientemente, gerente del área hasta asumir en febrero de 2026 como titular de la Unidad de Gestión Técnico Operativa.
Su aparición en este entramado amplía el alcance de un caso que ya no se limita a funcionarios económicos, sino que empieza a impactar en organismos clave del sistema público.
