Aunque los presuntos abusos sexuales concentren la atención en el escándalo que envuelve al diputado provincial Javier Galán, el nervio más incómodo del caso para la corporación política es el peculado de servicios en el que habría incurrido al obligar a trabajar en su negocio particular a empleados cuyos sueldos son pagados por la Legislatura.
Expuesta por Daniela Solohaga, la primera mujer que denunció al legislador, la maniobra ratificada por Iván Luna Avellaneda, uno de los testigos que ofreció al radicar la denuncia. Ambos aseguran que Galán los hizo designar como empleados en la Cámara de Diputados, pero como contraprestación del sueldo les hacía cumplir funciones en el “Corralón San Javier”.
Al margen de las responsabilidades que eventualmente se le endilguen al diputado, resulta sugestivo que las autoridades de la Cámara baja no hayan advertido esta ostensible malversación, ni mientras se estaba perpetrando ni ahora que han tomado estado público. Ningún legislador, sea opositor u oficialista, se ha referido a la situación específica ni pedido explicaciones.
No hay declaraciones al respecto, “silenzio stampa”.
La diputada del PRO Natalia Saseta aludió a los delitos tangencialmente, sólo porque Galán la involucró en la saga al considerar que, si lo despojan de los fueros a él, igual procedimiento debería aplicársele a ella, también comprometida en sede judicial por un empleado que aseguró que le retenía parte del sueldo.
Las apreciaciones de Saseta no pueden ser asumidas como una excepción en el mutismo adoptado hasta por sus más locuaces colegas. Habló en defensa propia, para señalar diferencias atendibles entre su situación y la de Galán: ella no fue acusada por ultrajes y el expediente por exacciones ilegales abortó debido a que el denunciante no estimuló su continuidad después de radicar la denuncia.
Lo circunscripto de las declaraciones de la diputada hace más evidente la prescindencia institucional sostenida por todos los miembros de la Cámara de Diputados y lleva al primer plano un interrogante central: ¿por qué a nadie le preocupa que los recursos del cuerpo sean desviados al negocio particular de un legislador?
No vaya a ser un reflejo autodefensivo.
Interrogantes para la conducción
Otras preguntas interpelan a la conducción de la Cámara.
¿Cumplían alguna función los dos empleados que aseveran haber sido comisionados por Galán para trabajar en su corralón? ¿Se les ha preguntado sobre los extraños entretelones de su vínculo con el legislador? Al margen de que firmaran –ellas o terceros comedidos- las planillas de asistencia, ¿concurrían a trabajar?
Ya hay una denuncia de que Galán intenta obstaculizar la investigación presionando testigos ¿La Presidencia del cuerpo esquilmado ha tomado o requerirá a la Justicia alguna medida tendiente a impedir que manipule los registros contables y laborales de su negocio particular?
Se trata de delitos que afectan no sólo el prestigio, sino también el patrimonio de la Honorable Cámara de Diputados ¿Ha solicitado la Presidencia intervenir en la causa o contempla la posibilidad de hacerlo?
Responder estas preguntas es importante, porque cualquier desprevenido podría suponer que esto de hacer trabajar a empleados públicos en emprendimientos particulares de los legisladores es un “modus operandi”, parte de los usos y costumbres de la casta legislativa.
¿Es posible el peculado de servicios sin la anuencia cómplice de las autoridades de la Cámara? Gran pregunta.
Advertencia solapada
No implica minimizar la gravedad de los abusos sexuales ni el sufrimiento de las víctimas señalar que alarmarse por ellos es tan fácil como taquillero. Quizás hurgar en las otras conductas que las denunciantes atribuyen a Galán sea menos cómodo. O más riesgoso.
La estrategia que despliega el diputado extiende las sospechas por las extrañas distracciones de tribunos por lo general muy avispados.
Galán desmiente los abusos de modo categórico y relativiza como una contribución voluntaria el hecho de pedirles a sus empleados un porcentaje del sueldo, pero no ha dicho nada sobre hacerlos trabajar en su corralón.
La gambeta podría obedecer a que se trata de la única transgresión para la que no puede ofrecer explicaciones razonables, pero hay algo más: ¿Y si el intento de equiparar su caso con el de Saseta fuera una advertencia solapada, dirigida a pares incursos en enjuagues similares a los suyos?
Capaz que Galán maneja información inconveniente para algunos prestigios. Conviene recordar que el cuerpo podría tener que expedirse sobre un pedido de desafuero de la Justicia.
Las declaraciones de Daniela Solohaga sobre el peculado de servicios fueron contundentes y fue sobre ese delito en particular y la retención de haberes que ofreció testigos. El abuso se habría perpetrado en un motel, ajeno a cualquier mirada por razones obvias, pero los elementos que indican que trabajaba en el “Corralón San Javier” parecen bastante sólidos. Circula incluso una imagen suya con el uniforme de la empresa.
Iván Luna Avellaneda, el testigo ofrecido por la mujer, denunció que Galán lo amenazó para forzarlo a desmentirla y que él también cobraba el sueldo legislativo a cambio de prestaciones en el corralón.
“Me dijo que yo tenía que negar a mi compañera, que tenía que decir que ella jamás trabajó en el Corralón, que yo jamás trabajé ahí, que nunca nos pidió dinero. Yo soy empleado de la Cámara de Diputados y parte de mi sueldo se lo entrego a Galán mediante transferencias a terceras personas, la mayoría de ellas mujeres de entre 12 y 30 años”, denunció.
En el marco del escándalo, aseguró, Galán le pidió que dejara de ir al Corralón y cumpliera tareas en la sede que el diputado tiene a pocos metros de su negocio, sobre la Avenida Güemes.
La falta de reacción ante tan escandalosas revelaciones abona las conjeturas sobre un blindaje corporativo.
Tanto criticarlo a Galán, para terminar prestándole tácita solidaridad en el encubrimiento de la rapiña.
