El 24 de mayo, El Mirador Político de El Ancasti advirtió que los $580.000 millones girados por el Ministerio de Economía al PAMI eran un parche que compraba tiempo sin tocar ninguna de las causas estructurales de la crisis del organismo. El augurio no requería de dones proféficos, pero se confirmó en menos de tres semanas.
La Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS) acaba de anunciar que las clínicas y sanatorios de todo el país suspenderán desde el martes la asignación de nuevos turnos para consultorios externos en todas las especialidades. El reclamo es el de siempre: actualización de los valores de las prestaciones y regularización de los pagos adeudados.
Si no hay respuesta satisfactoria, el paso siguiente será suspender toda la atención programada en consultorios, manteniendo solo el seguimiento de pacientes crónicos críticos, y luego interrumpir por tiempo indeterminado las cirugías y procedimientos programados que no revistan carácter de urgencia.
Conviene recordar qué fue exactamente ese auxilio de $580.000 millones. No provino de una partida presupuestaria específica ni de una política de recomposición del financiamiento del organismo.
Se realizó mediante la ampliación de la emisión de tres series de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos, con vencimientos entre julio y septiembre de 2026. El Gobierno tomó deuda para girarle fondos a la obra social más grande de América Latina. Una solución de tesorería, no de política pública.
En aquel momento, el PAMI acumulaba una deuda de $500.000 millones con clínicas, sanatorios, farmacias y médicos. Los $580.000 millones del auxilio no eran menos una solución que una fotografía de la magnitud del problema.
En esta nueva estribación de la crisis, fuentes del oficialismo admiten que los números no cierran en el PAMI por la caída sostenida de la recaudación durante los últimos nueve meses.
El ajuste sobre los jubilados, que deprime los haberes y en consecuencia reducen los aportes proporcionales, destruye el financiamiento del mismo organismo que debe cubrirlos.
La trampa es circular y contrasta con el discurso oficial de superávit fiscal y economía en crecimiento.
El ajuste sobre el sistema previsional, que según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal explica el 19% del recorte total del Sector Público Nacional, redujo los haberes en hasta un 29% en términos reales desde diciembre de 2023. La canasta de medicamentos acumuló una suba del 361,6% desde el inicio de la gestión, superando en casi 192 puntos porcentuales a la jubilación mínima con bono.
El encarecimiento de las prepagas, además, expulsó a miles de adultos mayores hacia el sistema público, que recibe más demanda con menos recursos.
Sobre ese cuadro, el gobierno superpuso la reducción del 57,7% real en las transferencias al PAMI durante el primer trimestre del año, la eliminación del impuesto PAMI y la nueva cápita médica que en abril recortó entre el 50% y el 52,5% de los ingresos de los 8.000 médicos de cabecera, provocando un paro nacional de 72 horas.
Los prestadores que ahora amenazan con frenar cirugías son la misma cadena que ya viene cediendo eslabones desde hace más de un año.
Los jubilados que intentan conseguir un turno para un cardiólogo o una fecha para una cirugía programada son los que pagan, en carne propia, el costo de esta aritmética.
El colapso no es una posibilidad, sino un proceso en curso, administrado para que no explote de golpe. El parche de mayo no aguantó un mes.
