Entre los escasos resultados que el Gobierno nacional puede exhibir como logro de gestión, el superávit de las cuentas públicas ocupa un lugar central. Sin embargo, una mirada más rigurosa y menos complaciente sobre la dinámica de las finanzas públicas obliga a cuestionar esa narrativa oficial. El superávit, tal como se lo presenta, dista de ser un reflejo fiel de una mejora estructural de las cuentas del Estado, sino que se apoya en mecanismos transitorios y en decisiones de administración financiera que distorsionan el verdadero estado de situación.
Las estadísticas oficiales indican que en marzo se registró un superávit financiero de 484.789 millones de pesos, equivalente al 0,2% del PBI. No obstante, ese resultado se desdibuja cuando se examinan con mayor detenimiento los componentes que lo sustentan. En primer lugar, resulta evidente el peso creciente de ingresos de carácter excepcional. Los recursos provenientes de privatizaciones, contabilizados como ingresos “no tributarios”, experimentaron en marzo un incremento cercano al 39%. Se trata, sin embargo, de fondos extraordinarios, imposibles de sostener en el tiempo y que, por su propia naturaleza, no deberían ser considerados como parte de un esquema fiscal permanente.
Además, el superávit se construye sobre la base de compromisos asumidos que no han sido efectivamente cancelados. Durante marzo, las obligaciones impagas alcanzaron la cifra de 1,4 billones de pesos. Si esos montos se hubieran contabilizado el resultado fiscal habría pasado de superávit a déficit.
Entre esos pagos postergados se destacan deudas con el PAMI, recortes en subsidios al transporte y una marcada disminución de los aportes no automáticos a las provincias. A ello se suma el incumplimiento parcial de normativas vigentes, como las leyes de financiamiento universitario y del impuesto a los combustibles, este último en un porcentaje con destino específico para obras públicas a lo largo del país. De haberse respetado estas obligaciones legales, el desequilibrio fiscal habría sido aún mayor.
Hay un evidente deterioro de los ingresos fiscales. En marzo, los recursos del Estado registraron una caída interanual del 5,1% en términos reales, reflejo directo de la contracción de la actividad económica. Es precisamente esta fragilidad la que empuja al equipo económico a profundizar el ajuste del gasto como única herramienta disponible. Sin una estrategia orientada a recomponer los ingresos, el equilibrio fiscal queda atado a una lógica de poda permanente, con efectos cada vez más severos sobre el entramado productivo y social.
En estas condiciones, el superávit fiscal no solo resulta poco sustentable en el tiempo, sino que además se logra a costa de un ajuste que está generando daños profundos en la economía real. La estabilidad fiscal es un objetivo necesario, pero no puede erigirse en un fin en sí mismo desligado de la dinámica económica general. La ausencia de políticas de reactivación revela una limitación estructural del actual programa.
