El juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, rechazó ayer el pedido de detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y del contador de la institución, Pablo Toviggino, en el marco de una causa por lavado de activos y asociación ilícita.
El magistrado consideró que el planteo no reúne los parámetros mínimos exigidos para habilitar una investigación penal, mientras que, en otra instancia judicial federal superior, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán disponía su apartamiento del expediente al hacer lugar a una solicitud de recusación formulada por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Eugenio Simón.
El fiscal había recusado a Argibay en 2024 con el argumento de que la hija del juez, Pilar Argibay, le había vendido un campo a Darío Toviggino -hermano de Pablo-, y que esa operación forma parte del expediente por lavado y asociación ilícita, que ya acumula 10.000 fojas en Santiago del Estero.
Para los jueces de la Cámara de Apelaciones, las sospechas de Simón resultaban fundadas, por lo que resolvieron apartar a Argibay.
El magistrado se encontraba de licencia y, antes de que se conociera el fallo de la Cámara, regresó a Santiago del Estero y emitió un dictamen en el que rechazó el pedido de detención, al considerar que no cumplía con los estándares mínimos para habilitar una investigación penal.
En una resolución de 39 páginas, Argibay advirtió que la acusación describía estructuras empresariales, vínculos entre sus integrantes y movimientos de fondos, pero lo hacía de manera “genérica y abierta”, sin delimitar con precisión los contornos de los presuntos delitos.
También señaló como un punto central la falta de determinación del delito precedente en la hipótesis de lavado. Asimismo, sostuvo que el vínculo familiar señalado en la recusación no constituía, por sí solo, causal suficiente para apartarlo.
Por otra parte, Argibay se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia federal de Buenos Aires, al considerar que el supuesto perjuicio patrimonial habría tenido como sujeto principal a la AFA, cuyo domicilio legal se encuentra en Pilar, provincia de Buenos Aires.
El traslado del expediente lo ubica en la jurisdicción de Campana, donde tramitan otras causas vinculadas a dirigentes de la entidad. Esta decisión fue adoptada -según se desprende de las actuaciones-, en momentos en que su juzgado aún no había sido notificado formalmente de la recusación que lo apartó de la causa, en la mañana de ayer.
Tapia y Toviggino enfrentan, además, otra causa en el fuero Penal Económico por la presunta retención indebida de $19.300 millones en impuestos y aportes que la AFA no habría abonado en término entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Lo que viene
Una vez confirmado el apartamiento de Argibay -quien se reincorporó ayer a sus funciones tras su licencia-, la causa deberá ser asumida por otro magistrado. En principio, podrían subrogar el juzgado el juez federal santiagueño Guillermo Molinari o el juez tucumano José Díaz Vélez.
Si Molinari se excusa, podrían intervenir el juez penal Miguel Contreras o el juez civil Guillermo Díaz Martínez, ambos de Catamarca, o bien el propio Díaz Vélez.
La designación del juez que continuará en el caso será realizada por la Cámara Federal de Apelaciones, que además deberá resolver la eventual apelación que presentará el fiscal Simón respecto de la presunta incompetencia territorial decretada por Argibay.
El expediente también podría quedar en manos de Díaz Martínez, quien tiene competencia en materia civil, comercial, contencioso administrativo, seguridad social, previsional y laboral, además de intervenir en amparos contra obras sociales y planteos de inconstitucionalidad sobre leyes nacionales y decretos.
De ser así, su intervención sería de carácter temporal, ya que el caso en cuestión tramita en el fuero penal, ámbito en el que tiene competencia el juez Contreras.n
