El fiscal Penal Juvenil de la 1° Circunscripción Judicial, Guillermo Narváez, lleva adelante una investigación de oficio en relación a las amenazas de supuestos tiroteos en establecimientos educativos, materializadas mediante inscripciones en paredes de sanitarios escolares.
Desde el viernes pasado se dispusieron medidas en 12 escuelas de la Capital. Solo en dos casos hubo denuncias formales por parte de directivos, sin perjuicio de lo cual el Ministerio Público avanzó de oficio conforme al principio de oficialidad que rige la persecución penal. En ese marco, se ordenaron inspecciones oculares con intervención de peritos, recepción de testimonios a autoridades escolares y representantes legales, y la actuación de la Brigada de Investigaciones para la identificación de posibles autores.
Secuestros y medidas procesales
En un caso se logró individualizar al presunto autor de las pintadas, un adolescente de 16 años. Se ordenó allanamiento, con secuestro de dispositivos electrónicos y otros elementos de interés, a fin de determinar su participación y la eventual existencia de vínculos con terceros a través de medios digitales.
Respecto del adolescente, se dispusieron medidas propias del proceso penal juvenil: fijación de domicilio, designación de defensa técnica y obligación de permanecer a derecho. En paralelo, se dio intervención al Ministerio de Educación para la evaluación de medidas en el ámbito administrativo y pedagógico.
Intervenciones en el interior provincial
En la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Andalgalá, el fiscal Martin Camps ordenó actuaciones de oficio en escuelas de Andalgalá, Aconquija y Saujil. En estos casos no se registraron denuncias formales, con excepción de la localidad de Pomán, donde el director de un establecimiento radicó denuncia contra autores desconocidos.
En la Tercera Circunscripción Judicial, la fiscal Florencia Reartes Sesto dispuso actuaciones de oficio con medidas similares, incluyendo toma de testimonios y registros fotográficos. En la ciudad de Belén se intervino en dos escuelas por pintadas en sanitarios, requiriéndose a las autoridades escolares el listado de alumnos a efectos de avanzar en la identificación de posibles responsables.
Asimismo, en la localidad de Londres se investigó a un adolescente de 15 años por amenazas difundidas en un grupo de WhatsApp de estudiantes de 3° año, donde instigaba a un supuesto tiroteo y refería haber conseguido un arma, mencionando incluso a posibles víctimas. Ante esta situación, se procedió a su demora preventiva, se le notificaron restricciones, fue entregado a su progenitor y se dispuso el secuestro de su teléfono celular para la realización de pericias.
En la Quinta Circunscripción Judicial, con sede en Tinogasta, se iniciaron actuaciones de oficio en dos establecimientos educativos y, en un tercer caso, a partir de la denuncia formulada por la directora ante la comisaría local. Se ordenaron inspecciones oculares con registro fotográfico y se comisionó a personal de investigaciones para relevar cámaras de seguridad, publicaciones en redes sociales y otros elementos de interés.
En todos los casos intervino la Asesoría de Menores. Finalmente, en la Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en La Paz, se dispusieron actuaciones de oficio a partir de un hecho de similares características registrado en una escuela primaria.
Marco legal y abordaje institucional
¿Cómo actúa la Justicia cuando hay menores involucrados?
La actuación se rige por el régimen penal juvenil y el sistema de protección integral:
- Menores de 16 años: no son punibles. La intervención es de carácter tutelar, enfocada en contención y prevención.
- Adolescentes de 16 y 17 años: pueden ser investigados, bajo un régimen especial y con medidas de carácter educativo.
- En los casos del interior provincial los fiscales intervienen en su carácter de fiscales penales juveniles, en razón del fuero de excepción, ante la sospecha de que los hechos puedan haber sido cometidos por personas menores de edad.
En todos los casos las conductas investigadas son abordadas como amenazas reales, sin minimización, priorizando la verificación de su alcance y la prevención de situaciones de riesgo en el ámbito escolar. En este marco, se deja establecido que este tipo de hechos genera consecuencias legales, conforme al régimen aplicable y a la edad de los involucrados, en tanto se actúa frente a la posible comisión de un delito o incluso ante su tentativa, sin perjuicio del rol central que cumplen la educación y la prevención en el abordaje de este tipo de situaciones.
