Referentas de las áreas de Mujeres, Género y Diversidad de distintas provincias, junto a agrupaciones sociales, comunitarias y políticas, sindicatos, gremios, académicos, legisladores, organizaciones y colectivos de derechos humanos, expresaron su rechazo al proyecto sobre falsas denuncias que sería tratado por el Senado de la Nación el próximo 6 de agosto.
El pronunciamiento fue presentado en comisiones del Congreso de la Nación y cuenta con el respaldo de casi dos mil firmas. En el documento, las y los firmantes sostienen que la iniciativa “no cuenta con sustento empírico” y advierten que en Argentina “no hay estadísticas oficiales que acrediten la existencia de un problema generalizado de falsas denuncias”.
Además, señalan que destinar recursos de la política criminal a un problema no demostrado constituye “una decisión arbitraria y discriminatoria” y consideran que el proyecto representa “un hecho regresivo para el acceso a la justicia”. También sostienen que la propuesta podría promover la revictimización de mujeres, niñas, niños y adolescentes al desalentar la realización de denuncias por el temor a una eventual criminalización.
El documento afirma que la iniciativa equipara la falta de pruebas o las dificultades propias de determinadas investigaciones con la falsedad de una denuncia, y cuestiona que el proyecto centre su atención en las personas denunciantes en lugar de fortalecer las herramientas de investigación y el acceso a la Justicia.
Asimismo, advierte que el proyecto podría afectar la producción de pruebas en los procesos penales al generar un efecto intimidatorio sobre testigos, médicos y profesionales de la psicología que intervienen en este tipo de causas. También sostiene que refuerza estereotipos sobre las mujeres y contradice compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos y violencia de género.
Las organizaciones firmantes también manifestaron que la propuesta deja sin protección a niñas, niños y adolescentes, favorece mecanismos de hostigamiento hacia las víctimas y podría incrementar la litigiosidad, sobrecargando el sistema judicial sin resolver los problemas estructurales de acceso a la Justicia.
Por ese motivo, solicitaron al Senado de la Nación que rechace el proyecto S-0228/2025 y avance en políticas destinadas a fortalecer el acceso a la Justicia mediante el patrocinio jurídico gratuito, la creación de cuerpos técnicos especializados, la capacitación con perspectiva de género y niñez, la reducción de los tiempos procesales y una mayor coordinación institucional.
Entre las personas que suscriben el documento se encuentran funcionarias de distintas provincias, entre ellas la directora provincial de Mujeres, Género y Diversidad de Catamarca, Belky Pennise Zavaley, además de representantes de organizaciones sociales, sindicatos, universidades y organismos de derechos humanos de todo el país.
