Mariano Manzi, quien condujo la entonces Gerencia de Empleo de Catamarca durante cuatro años en el gobierno de Mauricio Macri, reapareció esta semana en sus redes sociales para referirse al cierre de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Nación, ocurrido este lunes tras el vencimiento del contrato de alquiler de la sede ubicada en Junín y San Martín.
Los 38 empleados del organismo fueron enviados a teletrabajo por tiempo indeterminado, sin que hasta el momento existan definiciones formales sobre los plazos de reubicación ni comunicación directa de las autoridades con el personal. La medida generó alarma entre los trabajadores y en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que advirtió sobre la posibilidad de un despido encubierto. Desde el organismo comunicaron que el cierre responde exclusivamente al vencimiento contractual y que no habrá desvinculación de personal.
“Mala noticia para Catamarca. Lamento mucho la situación actual de la Agencia Territorial, en estos tiempos en donde el empleo cae en forma preocupante, es cuando más presencia deben tener las instituciones que apuntalan situaciones muy difíciles que atraviesan las personas que buscan o pierden su empleo”, escribió Manzi.
El exfuncionario agregó que espera que sea una cuestión transitoria y envió su acompañamiento a los trabajadores de la agencia, con quienes compartió durante su paso por el organismo. Cerró su publicación con la frase: “Debemos recordar, el Estado no es de los gobiernos que lo administran de forma transitoria”.
Manzi demostró en una postura crítica sostenida hacia la gestión nacional de La Libertad Avanza. En sus redes, el exfuncionario se mostró en desacuerdo con medidas del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
También intervino cuando se conoció que la diputada provincial de Elijo Catamarca, Fernanda Ávila, quedaría al frente de la comisión de minería en el Congreso por propuesta de LLA. En aquella ocasión, Manzi dejó entrever el vínculo entre el gobernador Raúl Jalil y el presidente Javier Milei con la frase “Jalilandia o Libertad”.
Advertencia de los trabajadores
Mientras Manzi tomaba posición desde afuera, dos trabajadoras del organismo describieron desde adentro el impacto concreto del cierre. Patricia Maldonado, con más de 20 años en el área de empleo, detalló las funciones que quedan comprometidas: “Tenemos que dejar de recibir a personas sobrevivientes de trata, a personas que habían tenido alguna vez conflicto con la ley y que necesitan un apoyo para la reinserción laboral”. Maldonado también señaló que la agencia contaba con programas de incentivos para empleadores privados que “por largo tiempo han estado utilizando herramientas de políticas públicas pensadas para el empleador también para favorecer las contrataciones”.
Además mencionó el área de fiscalización e inspección laboral, cuya función es detectar trabajo infantil, explotación laboral y trabajo no registrado. “Esas son algunas de las competencias que tenemos y que hoy se ven al menos debilitadas hasta que podamos recrearlas desde el lugar del teletrabajo”, señaló.
Ana María Villagra, con 18 años en el organismo, apuntó a la invisibilización que genera el teletrabajo forzoso. “Esta obligación de irnos todos a trabajar en nuestros hogares nos invisibiliza de algún modo. Perdemos la presencialidad de la atención cotidiana con la gente, con las personas que vienen”, dijo.
Villagra también advirtió que la articulación territorial con los municipios del interior se verá afectada: “Nuestra presencia en todo el territorio provincial se articula con los municipios a través de las oficinas de empleo. Esta asistencia siempre va a ser ahora virtual con todas las dificultades que conlleva el interior del interior”. La trabajadora remarcó además que el Ministerio de Trabajo fue degradado a Secretaría, como parte del mismo proceso de reducción institucional.
Gerencia del Empleo
Manzi estuvo al frente de la Gerencia de Empleo entre 2015 y 2019, durante la administración de Cambiemos. En ese período protagonizó un enfrentamiento con la agrupación kirchnerista Martín Fierro, liderada por Ricardo Rodríguez, quien en noviembre de 2017 reconoció públicamente en sus redes sociales el cobro de “aportes partidarios” a beneficiarios de planes sociales. Manzi denunció ante la Fiscalía Federal que el mecanismo implicaba cobrar entre 100 y 400 pesos a personas de escasos recursos como condición para mantenerles el beneficio.
En 2019, el juez federal Miguel Ángel Contreras procesó a Rodríguez y a otros dos integrantes de la agrupación por fraude a la Administración Pública. El magistrado consideró que existían elementos de prueba suficientes y ordenó embargos. Entre las pruebas figuraban cuadernos con anotaciones y capturas de pantalla de chats en los que se detallaba cómo y a quién debían entregar el dinero los beneficiarios.n
