
La intervención de la Fiscalía Penal Juvenil marcó el desenlace más grave del llamado “reto viral adolescente” que generó alarma en establecimientos educativos de la provincia. Fuentes judiciales consultadas por El Ancasti indicaron que hubo dos denuncias, remitidas al fiscal del fuero especializado Guillermo Narváez. A la vez, se tomaron medidas en ocho establecimientos escolares: se realizaron inspecciones oculares con participación de peritos y se tomaron testimonios a directivos.
Pese a las amenazas, las escuelas catamarqueñas tuvieron clases con normalidad, bajo un operativo preventivo que incluyó presencia policial. Algunos adolescentes sospechados quedaron a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación (CAD) y posteriormente entregados a sus padres.
Más allá del caso puntual, desde la Justicia existe un criterio claro para abordar este tipo de situaciones: las amenazas se tratan como reales en una primera instancia, hasta descartar riesgos. En ese marco, no se descartarían medidas judiciales a medida que avance la investigación.
Sin embargo, la situación abrió una preocupación de fondo que trasciende lo judicial. Desde distintos ámbitos coinciden en que este tipo de hechos no puede reducirse a una respuesta punitiva. La clave está en la prevención y el acompañamiento.
En muchos casos, estas conductas aparecen vinculadas a la circulación de contenidos en redes sociales y a la repetición de desafíos que trivializan situaciones graves. Frente a ello, se remarca la necesidad de un trabajo conjunto entre escuelas y familias, especialmente en el acompañamiento del uso de redes sociales y dispositivos electrónicos por parte de adolescentes. En la provincia, las instituciones educativas cuentan con herramientas específicas para estos escenarios, como el Protocolo de Intervención, que establece pautas claras para la detección y el abordaje de situaciones de riesgo en el ámbito escolar.
En alerta
La Organización Mundial de la Salud destaca que la adolescencia es un período de transición único, marcado por cambios físicos, psicosociales y de comportamiento. Si bien es una etapa saludable en términos generales, conlleva riesgos significativos —como accidentes y situaciones de violencia— que pueden prevenirse. La OMS señala que es una fase clave para establecer hábitos de vida saludables que repercutirán en la edad adulta, y subraya la importancia de brindar atención, educación y apoyo adecuados para fomentar el desarrollo integral de los jóvenes.
El acompañamiento comienza en la casa y se refuerza en la escuela. La comunidad educativa no la integra solo el alumnado: padres, madres y docentes también forman parte. El desafío es doble: informar sin generar alarma innecesaria y actuar sin perder de vista que estas problemáticas requieren respuestas integrales, que vayan mucho más allá de lo estrictamente judicial.
Ley catamarqueña
Ante este tipo de situaciones, Catamarca cuenta con la Ley Provincial 5385, sancionada en 2014. La normativa creó un programa de capacitación en el ámbito escolar y familiar para que niñas, niños y adolescentes incorporen herramientas para el uso seguro de internet y las nuevas tecnologías de la información. La norma tiene por destinatarios a los estudiantes de todos los niveles, a docentes y personal educativo, y también al núcleo familiar, al que considera parte activa en la protección de la salud e integridad de los jóvenes. El reto viral es, en cierta forma, el tipo de escenario que esa norma buscaba anticipar.
Fenómeno viral
Lo ocurrido en Catamarca no fue un caso aislado. El disparador fue un video publicado en TikTok que se viralizó entre adolescentes y desencadenó una cadena de imitaciones. Mensajes con la misma fórmula —una fecha, la palabra “tiroteo” y la advertencia de no asistir a clases— aparecieron en al varias instituciones educativas de distintas provincias. Se registraron casos en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Chubut y Neuquén. Se contabilizaron innumerables episodios de este tipo en diferentes puntos del país. El reto trascendió además las fronteras argentinas: también se registraron casos en colegios de Chile.
El fenómeno se produjo en un contexto especialmente sensible: pocos días antes, un tiroteo en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, había terminado con el asesinato de un niño de 13 años, un hecho que conmocionó al país e instaló el tema de la violencia escolar en la agenda pública. Las autoridades debieron evaluar en cada caso si se trataba de una amenaza real o de un desafío replicado entre jóvenes a través de redes sociales.
¿Qué hacer?
- Hablá con tus hijos. Preguntales qué ven en redes, sin juzgar. El diálogo es la mejor herramienta de prevención.
- No reenvíes el mensaje. Compartir este tipo de contenido lo amplifica y puede tener consecuencias legales para quien lo difunde.
- Avisá a la escuela. Si tu hijo recibe o comparte una amenaza, informá de inmediato a las autoridades escolares.
- No es un juego. La Justicia trata estas amenazas como reales. Participar en el reto puede derivar en imputaciones penales juveniles.
