El fiscal ante la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, reclamó este viernes de manera formal el agravamiento de la acusación penal que pesa sobre el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
El pedido busca sumar un cargo específico por la falta de depósito en el plazo legal de los aportes a la seguridad social derivados de la publicidad.
La presentación judicial fue entregada al Tribunal de Apelaciones y tiene como objetivo revertir una exclusión previa realizada en el procesamiento dictado por el juez de primera instancia.
Según la Fiscalía, el tramo relativo a los ingresos por patrocinio oficial es fundamental, ya que constituye la mayor parte de la maniobra investigada.
De acuerdo con el dictamen fiscal, esta parte de la acusación representa un volumen económico crítico para el sistema previsional argentino.
Los fondos en disputa corresponden a la alícuota aplicada sobre el patrocinio de los torneos organizados por la AFA y la Liga Profesional de Fútbol durante el período 2024-2025.
El fiscal Pérez Barberá advirtió que los montos que fueron dejados fuera de la acusación inicial son “una de las principales fuentes de financiamiento del sistema” de seguridad social.
Se trata del denominado “subconcepto 551″, el cual identifica los fondos destinados a las cotizaciones previsionales.
En términos globales, este ítem representa el 77% del monto total denunciado por los organismos de control.
Para la fiscalía, la exclusión de esta cifra en el procesamiento original debilita la persecución de un delito que afecta directamente la sustentabilidad de los regímenes de seguridad social.
El pedido fue elevado a los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos, quienes ahora deben definir si confirman los procesamientos o si hacen lugar al agravamiento solicitado.
Cabe destacar que la audiencia fijada para resolver esta cuestión fue reprogramada para el próximo 5 de mayo debido a pedidos de prórroga de las defensas.
La disputa legal se centra en la interpretación técnica del juez de primera instancia, Diego Amarante, quien inicialmente descartó estos cargos vinculados a la publicidad.
