El gobierno de Javier Milei, en sintonía con el alineamiento internacional que viene sosteniendo desde el inicio de su gestión, fue uno de los más enfáticos en respaldar las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán.
El mensaje político es coherente con la narrativa que la Casa Rosada ha construido en estos meses, caracterizada por el alineamiento incondicional con Washington y Tel Aviv. Esa definición rompe, sin embargo, con una tradición histórica de la política exterior argentina que, con altibajos, se caracterizó por la prudencia y la neutralidad frente a conflictos armados internacionales. Una tradición que solo tuvo una interrupción marcada durante el gobierno de Carlos Menem, cuando la Argentina se alineó estrechamente con la potencia del norte continental.
La diferencia es que hoy el escenario geopolítico dista de ser unipolar. Las tensiones en Medio Oriente, con múltiples actores estatales y no estatales involucrados, configuran un tablero de altísima sensibilidad. En ese contexto, la decisión de respaldar explícitamente operaciones militares implica abandonar la equidistancia para inscribirse en uno de los polos del conflicto.
No son pocas las voces que advierten que definiciones de esta magnitud deberían ser debatidas en el Congreso de la Nación. Comprometer al país en posicionamientos que pueden tener consecuencias estratégicas no debería ser una determinación unilateral del Poder Ejecutivo, sino el resultado de un consenso democrático amplio.
Analistas internacionales vienen señalando que el apoyo explícito a incursiones militares en un conflicto de estas características podría implicar riesgos concretos para la Argentina. Los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la sede de la AMIA en 1994 dejaron en evidencia la vulnerabilidad del país frente a derivaciones locales de disputas globales. Aquellos ataques, vinculados a conflictos externos, marcaron a fuego la historia contemporánea argentina.
No es casual que, tras asumir esta posición de respaldo, el gobierno haya dispuesto elevar el nivel de seguridad a “ALTO” en todo el territorio nacional. Argentina, a diferencia de Estados Unidos e Israel, no dispone de sistemas de inteligencia y seguridad comparables, ni de estructuras preventivas de similar escala. La experiencia demuestra que ha sido, por el contrario, un país vulnerable a los ataques terroristas.
Además, se trata de problemáticas geopolíticas con las cuales la Argentina tiene una relación prácticamente inexistente en términos directos. No hay disputas territoriales, ni intereses estratégicos inmediatos, ni compromisos militares que obliguen a una toma de partido de tal contundencia. El alineamiento responde más a una definición ideológica que a una necesidad estructural del Estado argentino.
Ingresar discursivamente en un escenario de “campo de batalla global” puede ser funcional a una narrativa política, pero no está exento de costos potenciales. Por eso, más allá de las simpatías o afinidades que pueda tener el gobierno de turno, lo razonable es que la postura argentina en materia internacional sea objeto de un debate profundo y plural. La política exterior requiere continuidad, previsibilidad y consenso. Debe ser una construcción estratégica de largo plazo, no el capricho circunstancial de un gobierno.
