La Cámara Federal de Casación Penal ordenó avanzar con la ejecución de bienes de la expresidenta Cristina Kirchner y sus hijos para cubrir el monto de dinero fijado que debe devolver en el marco de la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La medida alcanza a una veintena de propiedades vinculadas a la actual presidenta del Partido Justicialista y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y a más de 80 inmuebles del resto de los implicados, entre ellos Lázaro Báez y sus empresas.
La decisión, firmada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, forma parte del proceso para recuperar el dinero considerado desviado en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz. El fallo se enmarca en una condena ya firme que incluye la pena de prisión domiciliaria que la exmandataria cumple en su departamento del barrio porteño de Constitución y el decomiso de activos para resarcir al Estado.
Según lo establecido en la causa, el monto a devolver asciende a cifras millonarias que fueron actualizadas con el paso del tiempo, lo que derivó en la necesidad de ejecutar bienes de los condenados. Los abogados de la expresidenta y sus hijos se quejaron de la disposición, al argumentar que varios de los bienes decomisados a Máximo y Florencia fueron heredados de su padre, Néstor Kirchner, o recibidos por cesión en 2016, y que incluso algunos fueron adquiridos con anterioridad al período de la maniobra investigada.
