Una investigación judicial que avanzó con casi 30 allanamientos en los últimos cinco meses empieza a delinear un esquema de presuntos sobornos en el sistema de importaciones que rigió durante el tramo final del gobierno de Alberto Fernández y bajo la gestión de Sergio Massa, entre 2022 y 2023.
Al menos cuatro empresarios habrían pagado coimas de entre el 10% y el 15% para acceder a permisos de importación en el momento más restrictivo del cepo cambiario.
El expediente se tramita en el juzgado de Ariel Lijo y está a cargo del fiscal Franco Picardi, quien mantiene la investigación bajo secreto de sumario y es el mismo que sigue la causa Andis en el gobierno de Javier Milei. El foco está puesto en el funcionamiento del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), el mecanismo que operó entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 y que definía qué empresas podían acceder al dólar oficial para importar.
De acuerdo con los datos informados por el diario La Nación, los pagos ilegales habrían estado asociados a la aprobación acelerada de trámites.
Un chat revelado por el medio indica un 15% “en billete” para destrabar operaciones en un plazo de 48 horas. Ese porcentaje coincide con publicaciones detectadas en redes, donde se ofrecía agilizar autorizaciones a cambio de un 13% para bienes (SIRA) y 15% para servicios (SIRASE).
La investigación ya permitió identificar montos por encima de los 3,5 millones de dólares en operaciones concretas -no simuladas- vinculadas a importaciones efectivamente realizadas. Para avanzar, el fiscal pidió informes a la Aduana, a la Secretaría de Comercio y al Banco Central, además de solicitar el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de unas 50 personas y empresas.
El trasfondo económico explica la magnitud del caso. En 2023, en pleno cepo y con múltiples sectores con dificultades para acceder a divisas, incluido el sanitario, Argentina importó por cerca de 75.000 millones de dólares. Incluso una porción marginal de ese volumen, como el 1%, equivale a unos 750 millones de dólares, equivalente a unas diez campañas presidenciales.
Entre los imputados de la causa aparecen cinco funcionarios del BCRA, todos vinculados al área de Supervisión de Entidades No Financieras: Fabián Violante (gerente principal), Diego Volcic y María Valeria Fernández (inspectores jefe), y Analía Jaime y Romina García (inspectoras generales). La mayoría entregó sus teléfonos y claves a la Justicia, con excepción de García.
También figuran empresarios del sector financiero y cambiario, como Elías Piccirillo (la expareja de Jésica Cirio), Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles.
El origen de esta causa se remonta a otra investigación previa que también llevaba Picardi, centrada en una disputa entre empresarios por una deuda millonaria.
A partir del testimonio de un imputado colaborador (un expolicía que aportó un pendrive con chats y capturas), el fiscal detectó indicios de nuevos delitos y abrió esta línea paralela vinculada al sistema de importaciones de Massa.
