El juez federal Ariel Lijo inició esta semana una investigación contra la diputada nacional Lilia Lemoine, tras dos denuncias presentadas por influencers kirchneristas. Los denunciantes Facundo Pérez Ernst, Rodrigo Fronzo, Stefanía Conesa y Andrea Albarracín señalaron que la legisladora habría omitido información clave en su declaración jurada patrimonial y utilizado recursos del Congreso para cubrir gastos privados.
Deudas ocultas y bienes bajo sospecha
Según la presentación, Lemoine declaró no poseer bienes ni deudas al cierre de 2023. Sin embargo, registros de la Central de Deudores del Banco Central reflejarían compromisos financieros por unos 502 mil pesos. Además, se cuestiona que la diputada no habría entregado la declaración jurada inicial obligatoria dentro de los 30 días hábiles posteriores a su asunción. La denuncia también advierte sobre la presunta omisión de derechos sucesorios vinculados a una propiedad heredada de su madre y posibles inmuebles en Belgrano e Ituzaingó, mencionados por un testigo reservado.
El contrato en Diputados
Otro eje de la investigación surge de las propias declaraciones de Lemoine, quien habría admitido que los honorarios de su defensor penal se abonaban mediante un contrato de asesoría dentro de la Cámara de Diputados. La Justicia busca determinar si existió un uso indebido de recursos públicos para afrontar gastos privados. Tras la denuncia, el abogado involucrado se desvinculó de la legisladora y del Congreso.
La respuesta de la defensa
El abogado Hernán Seivane rechazó las acusaciones y sostuvo que responderá formalmente solo si la fiscalía considera que existen elementos relevantes. Finalmente, atribuyó las posibles inconsistencias patrimoniales a “eventuales errores materiales” que deberían ser analizados por un contador.
