La crisis de las farmacias sumó un nuevo capítulo con el cierre de la cadena patagónica Autofarma, que bajó las persianas de sus 17 locales en Santa Cruz y Tierra del Fuego y dejó en la calle a 210 trabajadores. La firma, fundada en 1967 bajo el nombre de Farmacia Pueblo, operó durante casi seis décadas y se convirtió en un emblema comercial de la región. El cierre se suma a la quiebra de Farmacias Dr. Ahorro, que clausuró sus 41 sucursales y despidió a más de 300 empleados, con lo que el total de trabajadores afectados por la crisis del sector asciende a 510.
Los empleados de Autofarma denuncian que la compañía les adeuda los salarios de junio, julio y agosto, el medio aguinaldo y las indemnizaciones correspondientes. «El dueño nos dijo que no se hará cargo de todos los años trabajados en la empresa. Algunos tenemos 13 años y otros hasta 25», afirmó uno de los trabajadores afectados. Los reclamos están dirigidos a Rubén Llaneza, hijo de los fundadores de la cadena. Los despedidos señalaron que atraviesan una situación crítica: acumulan deudas de alquileres y tarjetas, mientras que algunos aseguraron no tener dinero para comprar alimentos.
Por su parte, los propietarios de Autofarma responsabilizaron a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) por el colapso financiero. Mediante un comunicado, sostuvieron que el atraso en los pagos les impidió reponer medicamentos, cancelar deudas con droguerías y proveedores y afrontar los salarios del personal. La empresa argumentó que la situación se volvió insostenible ante la falta de respuestas de la obra social provincial.
El cierre de Autofarma y la quiebra de Dr. Ahorro se enmarcan en un contexto de profunda crisis para el sector farmacéutico, golpeado en especial por las demoras en los pagos de las obras sociales y prepagas.
Los trabajadores de ambas cadenas denuncian que la situación se repite en otras empresas del rubro y advierten que, de no mediar una intervención urgente, nuevos cierres podrían producirse en los próximos meses. Los empleados de Autofarma anunciaron que iniciarán acciones legales para reclamar el pago de lo que les deben y exigirán la intervención de las autoridades laborales de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
