Política

Las máximas autoridades de La Libertad Avanza se reunieron en Buenos Aires para definir las candidaturas de Neuquén de cara a las elecciones legislativas de octubre, evitando internas y designando directamente a los aspirantes alineados con la gestión nacional.

El Tribunal Oral Federal 2 había dado diez días hábiles para cumplir con el depósito de 537 millones de dólares que les exigía la Justicia. La ex presidenta apeló y pidió dejar sin efecto la medida en su contra.

El gobernador neuquino presentó en Zapala nuevas mejoras en tres instituciones deportivas y anunció la continuidad del programa Clubes Sociales, que ya destinó más de 4 millones de dólares a infraestructura y acceso deportivo en toda la provincia.

El exministro de Economía descartó su candidatura en los comicios legislativos, poniendo fin a los rumores sobre su posible participación.

Después de solicitar y usar una licencia sin goce de sueldo por un año, el empleado no se reincorporó a su puesto. Ante esta situación, se decidió desvincularlo formalmente.

El gobernador inauguró 70 cuadras de asfalto en Villa Ceferino y destacó el pacto de gobernanza con los intendentes, que permite coordinar obras y llevar servicios básicos a distintos barrios de Neuquén.

A 48 horas del cierre para la presentación de candidaturas, la Libertad Avanza y Fuerza Patria confirmaron sus nóminas en la provincia. También presentaron sus listas La Neuquinidad, el Frente de Izquierda, Fuerza Libertaria, Más por Neuquén, Desarrollo Ciudadano y Unidad Popular.

El programa contempla una inversión de 269,9 millones de dólares y se financiará con el Fondo Neuquino para la Vivienda. Incluirá mensuras, lotes con servicios, viviendas nuevas y complejos para adultos mayores en toda la provincia.

El gobernador de Neuquén volvió a reclamar por los fondos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) adeuda a la provincia y sugirió compensar la deuda mediante la cesión de bienes nacionales en desuso.

La iniciativa alcanza a autoridades de los tres poderes del Estado, además de entes autárquicos y empresas públicas. El eje de la discusión está en qué procedimiento aplicar si un funcionario da positivo y quién debe pagar los análisis.