Las defensas de los cinco policías imputados por el brutal ataque que sufrió Ricardo Miguel Paucará -en julio de 2015- apuntan a apartar a la jueza de Control de Garantías Nº 2, Cecilia Mas Saadi, de la causa. Además, se opusieron a la elevación a juicio del proceso, firmada por el fiscal de Instrucción Nº 2, Laureano Palacios.
Estas dos cuestiones se trataron el último viernes, en una audiencia que se hizo en el Juzgado que está a cargo de Mas Saadi.
En el acto procesal, estuvieron presentes la jueza; el fiscal Palacios; y los abogados defensores, Pedro Vélez y Luciano Rojas, quienes representan a diferentes efectivos.
En la oportunidad, Vélez y Rojas recusaron a la magistrada, con la intención de que se aparte de la causa. Vélez, en una entrevista que brindó al programa “Agenda del Día”, que se emite por Ancasti Streaming a través de YouTube y del dial 98.5, explicó el motivo.
Según dijo, en una resolución previa de Mas Saadi, ella consideró que “la causa tiene que ir a juicio”. “Entonces, considero que también adelanta opinión sobre el resultado de la oposición. Si ya emitió opinión, debería esperarse que no nos haga lugar a la oposición”, añadió Vélez.
El otro punto que se tocó en la audiencia fue la oposición de la elevación a juicio del caso.
Las defensas se resistieron a que sus asistidos sean juzgados y, por ello, buscan el sobreseimiento de los policías en esta etapa del proceso.
En tanto, la Fiscalía insistió en que los numerarios deben sentarse en el banquillo de los acusados en el debate.
La jueza Mas Saadi escuchó el planteo de todas las partes, y se espera que su resolución se conozca en los próximos días.
El 30 de julio de este año, Palacios, dio por concluida la investigación y requirió la elevación a juicio de la causa seguida contra Cristian Raúl López, Lucas Ezequiel Valdez, Julio César Ponce, Juan Marcelo Picón y Carlos Eduardo Romero Luján, los policías imputados por la golpiza contra Paucará en julio de 2015.
Cristian Raúl López, Lucas Ezequiel Valdez, Julio César Ponce y Juan Marcelo Picón están acusados como presuntos coautores de los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada por abuso funcional” y “vejaciones y lesiones graves en concurso ideal”, hechos que concurren realmente entre sí.
Por su parte, Carlos Eduardo Romero Luján está imputado como presunto coautor de los delitos de “vejaciones y lesiones graves en concurso ideal”.
El fiscal consideró concluida la investigación al entender que se reunieron elementos de convicción suficientes para sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa del proceso, la presunta participación de los cinco imputados en los hechos investigados.
Según la acusación fiscal, el 20 de julio de 2015, alrededor de las 16.00, Ricardo Miguel Paucará circulaba en un automóvil de alquiler por la intersección de las calles Salta y Chacabuco de la ciudad Capital.
En esas circunstancias, el vehículo fue interceptado por un móvil policial en el que se trasladaban Cristian Raúl López, Lucas Ezequiel Valdez, Julio César Ponce y Juan Marcelo Picón.
Los efectivos habrían hecho descender e identificar a Paucará y posteriormente lo trasladaron a la Comisaría Décima.
De acuerdo con la imputación, el traslado se habría efectuado sin orden y mediante abuso de las funciones policiales.
Paucará habría permanecido privado ilegítimamente de su libertad desde aproximadamente las 16:10 del 20 de julio hasta las 13:00 del día siguiente.
La Fiscalía sostiene que, luego del traslado, Paucará fue llevado a una oficina de la dependencia policial.
Allí habrían intervenido López, Valdez, Ponce, Picón y Romero Luján, quienes se habrían cubierto el rostro y sometido a la víctima a agresiones físicas y psicológicas mientras permanecía esposada.
Según la descripción incorporada en el requerimiento, la víctima habría sido obligada a arrodillarse frente a una pared y habría recibido golpes en distintas partes del cuerpo y azotes con cinturones en las plantas de los pies durante aproximadamente 30 o 40 minutos.
Como consecuencia de las lesiones sufridas, Paucará debió ser sometido a intervenciones quirúrgicas en la zona abdominal, que incluyeron la resección de un segmento intestinal.
La pericia médica estableció un período de curación e incapacidad de entre 45 y 60 días.
Asimismo, una pericia psicológica realizada por profesionales del Cuerpo Interdisciplinario Forense determinó la existencia de daño psíquico.
De acuerdo con la información a la que accedió El Ancasti, es la tercera vez que se eleva a juicio la causa. En las dos ocasiones anteriores, la iniciativa de la Fiscalía no prosperó.
Valdez es representado por el abogado Vélez. López, Ponce, Picón y Romero Luján por el letrado Rojas.
