Combinada con la intensidad de la narrativa que postula la omnipotencia de Javier Milei, la tradición hiperpresidencialista dificulta la percepción de uno de los cambios más significativos de la etapa libertaria: la creciente autonomía de los liderazgos provinciales respecto no solo de la Casa Rosada, sino también, y sobre todo, de las referencias metropolitanas en general.
La retracción económica y la consecuente caída de los ingresos fiscales provocadas por las políticas nacionales son tan incontrastables como la libertad que tienen los gobiernos locales para administrar a su antojo los recursos que les tocan.
Es un elemento que conviene tener en cuenta cuando se analiza la supuesta sumisión de los gobernadores a los designios libertarios. El reverso de esta lectura es un margen de maniobra sin precedentes, obtenido con un poder de fuego parlamentario que los caciques provinciales han sabido administrar para robustecer sus posiciones aprovechando la anemia congénita de La Libertad Avanza en ese aspecto.
Los aspavientos del Pacto de Mayo firmado en 2024 para insuflar en Milei una imagen fundacional fueron un montaje escenográfico para disimular que, en realidad, los gobernadores habían salido triunfantes de las accidentadas tratativas que concluyeron en la sanción de la Ley Bases, con la restitución del impuesto a las Ganancias, que se coparticipa, y el RIGI, que les permitiría sentarse mano a mano con los grandes inversores, sin las proverbiales interferencias del funcionariato nacional.
Cierto es que Milei retiene fondos que hasta su arribo se asignaban automáticamente a las provincias, pero estas exacciones son correlativas a las maniobras para compensarlas a través de otras cajas, como la de los ATN, o vía operatorias como los adelantos de la coparticipación a tasa subsidiada, con devolución “a pillar” y sujeta a la perpetuación de las renegociaciones.
Que esto sea beneficioso o no para el país es otra historia, cuyo desenlace está por verse. En el plano político, se asiste a la reconfiguración de la escena tras la descomposición del orden metropolitano de la que surgió el “outsider”.
Un federalismo efectivo que administra escaseces suplanta provisoriamente al federalismo retórico tributario del poder metropolitano.
El eje minero
Un síntoma muy evidente de este proceso emerge en la actividad minera. La intervención del poder nacional en la rama se circunscribe a la habilitación de los RIGI. De ahí en más el vínculo con las corporaciones queda en manos de los gobernadores.
Es una situación inédita. Cualquiera que conozca aunque sea superficialmente la historia de Bajo La Alumbrera, primera incursión de la megaminería en la Argentina, advertirá de inmediato el contraste. La administración de Carlos Menem tuvo una gravitación determinante en la marcha del proyecto. La pelea por la fórmula para calcular las regalías, que trababa los giros del emprendimiento a YMAD, recién se resolvió cuando el riojano dejó la Casa Rosada. Años después, la escalada de la fiebre del litio estuvo signada por permanentes intentos del kirchnerismo por nacionalizar el recurso.
La primera manifestación de un cambio estructural bajo la Presidencia de Milei se dio en mayo de 2024. Con las expectativas por el aluvión de inversiones por el RIGI como telón de fondo, las provincias mineras constituyeron la Mesa del Cobre, en base al modelo de la Mesa del Litio que Catamarca, Salta y Jujuy habían armado durante la gestión de Alberto Fernández.
Catamarca integra ambas formaciones y consiguió luego por su parte quedarse con la mayoría del directorio de YMAD y el control del gerenciamiento de la firma. A la Provincia le corresponde el 60% de las utilidades que arroja la producción de oro y plata de una empresa que estuvo a punto de quebrar durante la gestión de Mauricio Macri.
La reforma de la Ley de Glaciares que quitó a la Nación y asignó a las provincias la facultad de definir sus áreas protegidas es otro de los factores que marcan el empoderamiento de los gobiernos provinciales. En el caso catamarqueño, estas potestades se concatenan con la capitalización de la CAMYEN, que sumó a su patrimonio centenares de pedimentos que quedaron vacantes tras la depuración del padrón minero.
La autonomía ganada en términos de política minera explica mejor que cualquier litigio ideológico la reticencia de las dirigencias provinciales a restaurar el diezmado orden metropolitano, pero hay más.
La obra pública
Independientemente de la opinión que se tenga sobre las responsabilidades de Cristina Kirchner, las causas Vialidad y Cuadernos expusieron el modelo de reparto de la inversión en obra pública fuertemente centralizado que aplicó el kirchnerismo. La asignación del financiamiento nacional iba atada a la adjudicación de las obras a las empresas seleccionadas por la Casa Rosada, que estableció operadores y asociados en cada provincia. Ese fue el diseño que se desplegó en todo el país desde la asunción de Néstor Kirchner a la Presidencia y que llevó la corrupción estructural al paroxismo.
Como ocurre con la minería, también el esquema de asignación de las obras se descentralizó con Milei. Cierto es que el orden libertario reniega de la inversión en obras públicas, pero los procesos de adjudicación de las que se hacen o vayan a hacerse con el financiamiento que consigan los gobernadores se definen en las provincias, sin los rígidos condicionamientos impuestos por el sistema recaudatorio del kirchnerismo. Son las provincias las que deciden, sin intromisiones nacionales.
Extiéndase el esquema a los innumerables contratos por provisión de bienes y servicios que se celebran con el Estado y se entenderá por qué la mayor parte de los líderes provinciales no se quejan demasiado de Milei a pesar de las estrecheces económicas, por un lado. En la contracara, ya que todo tiene que ver con todo, la descentralización también explica por qué son tan denodados los esfuerzos de la dirigencia del área metropolitana por infiltrar delegados en las provincias y recuperar la manija perdida.
