El tratamiento de dos leyes que amenazan la soberanía desde diferentes aristas preocupa a la Argentina. Actualmente están en riesgo las leyes 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, que limita la compra de campos por parte de extranjeros, y la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera.
El Gobierno nacional insiste en enfrentarse con todos los sectores. Ejercita la provocación como práctica de vigencia. Acaso un modo de sostener a su cuadro de votantes.
Detrás de la pelea para el auditorio se esconden siempre otros intereses. La pérdida de control sobre el territorio o de la producción simbólica y cultural erosionan la soberanía y vuelven a la Argentina cada vez menos una República.
La tierra
Los límites actuales fijan un tope máximo de 15% de tierras rurales en manos de extranjeros a nivel nacional, provincial o departamental. Prohíbe la compra de espejos de agua y zonas frontera.
El porcentaje se reguló en 2011, luego de que un rabino estadounidense comprara 200 mil hectáreas en Valle Hermoso, La Rioja. Todo un pueblo y sus recursos hídricos.
Yo pregunto si en la tierra
Nunca habrá pensado usted
Que si las manos son nuestras
Es nuestro lo que nos den
Un informe del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la UBA y el Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias afirma que el 5% del territorio del país está en manos de firmas o estados extranjeros. Más de 13 millones de hectáreas.
La ley se incumple en 36 departamentos de distintas provincias. La venta a extranjeros supera el 50% en Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta).
Rico en actividad minera, Tinogasta es el departamento de Catamarca con mayor porcentaje de tierras en manos foráneas, con un 27% (Un debate más profundo, El Ancasti, Editorial 27 de julio de 2026). Los porcentajes más altos de extranjerización en el país se hallan en zonas donde existen valiosas reservas mineras o de recursos hídricos y en territorios con ventajas logísticas, como puertos o vías navegables.
Estados Unidos encabeza el ranking con 2,7 millones de hectáreas. Le siguen Italia y España.
“Para los especialistas, la derogación no busca atraer inversiones productivas, sino facilitar la captura de bienes comunes no reproducibles”, indica un informe de El Destape.
A desalambrar, a desalambrar
Que la tierra es nuestra
Es tuya y de aquel
De Pedro y María
De Juan y José
Defensores de la extranjerización, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger asientan la defensa de la flexibilización en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Bullrich confunde a propósito el derecho de los extranjeros nacionalizados y residentes, con el de los extranjeros que viven en otro país. Parte de la falsedadde los derechos absolutos y crea una dicotomía aparente.
Al menos cuatro puntos contradicen la real malicia de la biodiversa senadora. La Constitución reconoce el derecho a la propiedad, pero lo ajusta al interés general y la soberanía. Confunde regulación con confiscación. Omite el conflicto entre derechos y bienes constitucionales.
La soberanía sobre el territorio en Argentina no niega la propiedad privada: la regula.
Si molesto con mi canto
A alguien que no quiera oír
Le aseguro que es un gringo
O un miembro de este país
Costumbre de la casta
El informe del Observatorio de Tierras refiere un punto de quiebre en el proceso contemporáneo de extranjerización de tierras se produjo a fines de los años noventa.
En 1996, el gobierno de Carlos Menem creó la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), que asumió funciones que pertenecían a la Superintendencia Nacional de Fronteras. En sus primeros años, la SSI autorizó la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza, áreas históricamente protegidas por el decreto 15.385 de 1944, que establecía su venta exclusivamente a ciudadanos argentinos. Esa normativa, a pesar de continuar vigente, fue ampliamente vulnerada en la década de los noventa con ventas irregulares y triangulaciones. Dos de los casos más emblemáticos son el de Lago Escondido en Río Negro -adquirido por el magnate británico Joe Lewis- y el de las tierras patagónicas compradas por Luciano Benetton, de nacionalidad italiana.
En los años 2000, con el boom internacional de los precios de los alimentos, el valor de la tierra se disparó y la devaluación facilitó la compra por parte de extranjeros de tierras fértiles y estratégicas. En este escenario, en 2011 se sancionó la Ley de Tierras, que fijó un límite de extranjerización de tierras de un 15% de la superficie a nivel provincial y departamental, y fortaleció los mecanismos de control para evitar triangulaciones sin supervisión estatal.
En Catamarca es recordado el caso de Los Poquiteros. La empresa compró a fines de 2003 unas 116.290 hectáreas en el departamento La Paz. Esta operación generó un fuerte conflicto por el desplazamiento de familias que vivían allí desde largas generaciones y se dedicaban a la actividad rural.
La venta afectó entre 170 y 300 familias de pequeños productores en parajes como El Quimilo, El Silo y San Isidro. Los pobladores denunciaron a la empresa por alambrar tierras, deforestar y amenazar su arraigo histórico. Las familias presentaron denuncias penales e interdictos para defender sus derechos posesorios.
Finalmente, la justicia provincial emitió resoluciones fundamentales que frenaron el avance de la corporación sobre los pobladores originarios. Un juez de la Sexta Circunscripción Judicial de Recreo dictó en 2016 tres sentencias a favor de las comunidades campesinas.
Se reconoció legalmente el derecho de posesión veinteañal y el arraigo histórico de las familias. Las medidas judiciales impidieron que la firma continuara colocando alambres perimetrales. Aunque la empresa apeló, el fallo sentó un fuerte precedente para frenar abusos del agronegocio.
Ardid
Según el mismo informe, en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, el Decreto 820/2016 modificó la aplicación de la Ley de Tierras. El decreto flexibilizó los procedimientos, habilitó la posibilidad de informar cambios societarios después de realizados, redujo los requisitos para compras e introdujo criterios más amplios para definir quién era considerado extranjero. En la práctica, estos cambios facilitaron operaciones que antes estaban sujetas a control y, fundamentalmente, modificaron la forma de medir la extranjerización en casos de sociedades, sucesiones, condominios o participaciones indirectas.
Como consecuencia, entre el primer relevamiento oficial de 2015 y el de 2022 se observa una baja en los porcentajes de tierras en manos extranjeras que no refleja una reducción real, sino el impacto de esta nueva metodología. En 2023, con la llegada al poder de La Libertad Avanza, el DNU 70/2023 derogó la Ley de Tierras mediante su artículo 154. Sin embargo, en enero de 2024, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentó un amparo que logró frenar provisoriamente la derogación en la justicia, evitando que la situación cambiara sustancialmente en los meses siguientes.
A desalambrar, a desalambrar
Que la tierra es nuestra
Es tuya y de aquel
De Pedro y María
De Juan y José
El libro
La Cámara Argentina del Libro y nucleamientos culturales plantearon en los últimos días su preocupación por la posible derogación de la Ley del Libro, en medio de una serie de medidas que prepara el área del malicioso ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger,
Desde 2001, la norma establece un sistema de precio único de venta al público, que asegura que un libro cueste lo mismo en cualquier punto del país, ya sea en una gran cadena o en una librería independiente.
Preocupa el posible cierre de librerías independientes y pequeñas editoriales, ante la competencia desigual que se generaría con grandes cadenas de librerías y hasta supermercados. “Está en peligro la bibliodiversidad”, aseguran desde la Cámara del Libro.
“Ningún integrante de la cadena de valor del libro ha denunciado ni manifestado la necesidad de modificar esta ley. Ni siquiera las grandes cadenas tradicionales ni los gigantes editoriales internacionales. Llama mucho la atención esta insistencia”, explica el librero Naim Garnica, de “La singularidad del Libro”, en un informe de Nehuén Vásquez (El Ancasti 27 de julio de 2026).
Para la escritora María del Rosario Andrada la desregulación es “un golpe a la cultura nacional y la identidad regional”, ya que dejaría de protegerse el ecosistema de las editoriales, que permite la subsistencia de distintos espacios ocupados generalmente por las grandes librerías. Andrada señala que la ley asegura una variedad de temas, géneros, autores y formatos editoriales.
En un momento en que las editoriales independientes encontraron un nicho para desarrollar su actividad, la medida es fuertemente criticada.
“Como está visto desde que empezó este Gobierno, la desregulación nunca fue buena. Primero porque afecta a los más débiles y esconde los intereses de los más fuertes. La desregulación está escondiendo la mano oscura de corporaciones como Mercado Libre, que buscan entrometerse en un mercado que hasta ahora no han podido debilitar”, asegura el escritor Víctor Aybar, de El Guadal Editora.
La erosión de la soberanía, está visto, es la regla. El frente puede ser limítrofe o cultural. Cualquiera que favorezca a los grandes capitales. La intención no es favorecer la libre regulación del mercado, si no inclinar la balanza en beneficio de los actores más poderosos.
La desregulación avanza. Soberanía y libertad se repliegan.
A desalambrar, a desalambrar
Que la tierra es nuestra
Es tuya y de aquel
De Pedro y María
De Juan y José.
Entrelíneas “A desalambrar”, una obra del cantautor uruguayo Daniel Viglieti, compuesta a fines de los 60 en el auge del movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana.
