
La investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán sumó en las últimas horas dos nuevas detenciones y profundizó la hipótesis de que detrás del cargamento existía una estructura con ramificaciones económicas y logísticas que exceden a quienes fueron sorprendidos transportando la droga.
Los procedimientos fueron realizados por efectivos de Gendarmería Nacional en distintos puntos de Famaillá y San Miguel de Tucumán, por orden del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, quien encabeza la pesquisa iniciada tras el hallazgo de los 449 paquetes de cocaína ocultos en una camioneta Toyota Hilux interceptada sobre la ruta nacional 157. La carga fue valuada en más de 2,3 millones de dólares y constituye el segundo secuestro más importante en la historia del narcotráfico tucumano.
Los nuevos detenidos fueron identificados como Enrique Santos Catulo y Ernesto Catulo Chamas. El primero registra antecedentes por una condena vinculada a una asociación ilícita ligada al narcotráfico en Tucumán, mientras que el segundo fue arrestado durante un allanamiento en un departamento del barrio Norte de la capital tucumana, donde se secuestraron vehículos, cheques de importante valor económico y documentación considerada relevante para la causa.
Además, los investigadores allanaron un local gastronómico, un galpón perteneciente a una empresa de transporte y una concesionaria de automóviles, donde incautaron computadoras, teléfonos celulares, documentación y vehículos. Los procedimientos apuntan a determinar cómo se financió y organizó el traslado del cargamento y cuál era el rol de cada uno de los sospechosos dentro de la presunta organización.
Con estas detenciones, ya son cinco las personas privadas de la libertad en el expediente. A los dos Catulo se suman Marcos Nacif, conductor de la camioneta que trasladaba la droga; Rodrigo “Icha” Chávez, comerciante y ex candidato a concejal de Famaillá señalado como vinculado al vehículo utilizado para el transporte; y el empresario Pablo Abraham, quien se presentó voluntariamente ante la Justicia Federal y quedó detenido.
La principal hipótesis de los investigadores sigue siendo que la cocaína ingresó al circuito de distribución luego de haber sido descargada por una aeronave en territorio catamarqueño o en una zona limítrofe del sudoeste tucumano. Según las sospechas de la Fiscalía, la carga habría sido recogida en un campo y luego trasladada por vía terrestre hacia Famaillá, donde funcionaría un centro de acopio desde el cual se redistribuiría a distintos puntos del país.
El propio Vehils Ruiz sostuvo en declaraciones previas que, por el volumen secuestrado, resulta poco probable que la sustancia haya ingresado al país por vía terrestre. También advirtió sobre las dificultades que enfrentan las investigaciones vinculadas al crimen organizado debido a la falta de recursos tecnológicos y operativos para el control de las fronteras y la detección de vuelos clandestinos en el NOA.
Mientras la causa avanza bajo estricto secreto de sumario, los investigadores buscan establecer si los detenidos eran propietarios de la droga o si actuaban como parte de una estructura criminal de mayor alcance dedicada al tráfico de grandes cantidades de estupefacientes entre distintas provincias del norte.
