Que apenas la mitad de los niños de 5 años en la Argentina llegue al ingreso escolar con el esquema completo de vacunación, como alertaron la Sociedad Argentina de Pediatría y el Hospital de Clínicas, pone de manifiesto un retroceso sanitario que compromete décadas de progreso.
Las vacunas han sido, sin exageración, uno de los instrumentos más eficaces en la historia de la salud pública. Gracias a su aplicación sistemática, enfermedades como la poliomielitis, la rubéola o la difteria han sido eliminadas o reducidas a niveles marginales en nuestro país. La introducción de la vacuna contra la hepatitis A, por ejemplo, logró disminuir en más de un 90% su incidencia y erradicar formas graves en la población pediátrica.
Sin embargo, ese patrimonio sanitario hoy se encuentra en riesgo en Argentina, en un contexto además de ajuste brutal a la salud pública. La caída sostenida en las coberturas, muy por debajo del umbral del 95% recomendado para garantizar la llamada inmunidad de rebaño, ha comenzado a mostrar sus consecuencias. El resurgimiento del coqueluche o tos convulsa, con víctimas fatales entre niños no vacunados, y el incremento de casos de hepatitis A constituyen graves señales de alarma que no pueden ser ignoradas.
En este contexto, resulta imprescindible subrayar, una vez más, que las vacunas del calendario obligatorio son seguras y eficaces. Su aprobación responde a procesos de evaluación estrictos, basados en evidencia acumulada a lo largo de años de ensayos clínicos y monitoreo permanente. La vigilancia epidemiológica internacional constituye, en este sentido, una de las redes de control más exigentes que existen en el ámbito científico.
Frente a esta realidad, la expansión de los movimientos antivacunas introduce un factor de distorsión particularmente nocivo. Amparados en prejuicios, teorías conspirativas o interpretaciones sesgadas de la evidencia, estos grupos promueven conductas que no solo ponen en riesgo a quienes las adoptan, sino también a la comunidad en su conjunto. Es que la negativa a vacunar a un niño no es una decisión meramente individual, sino que también implica debilitar la barrera colectiva que protege a los más vulnerables, como los recién nacidos o las personas inmunocomprometidas.
Combatir esta tendencia negativa exige, entre otras cosas, garantizar que la población acceda a información clara, verificada y comprensible. La educación sanitaria debe convertirse en una política prioritaria, especialmente en un contexto en el que la circulación de información falsa encuentra en las redes sociales un vehículo de expansión inusitado.
Al mismo tiempo, no puede soslayarse la responsabilidad de las autoridades en asegurar el acceso efectivo a las vacunas. La gratuidad y obligatoriedad del calendario nacional constituyen pilares fundamentales, pero resultan insuficientes si no se acompañan de campañas activas, distribución oportuna de dosis y facilidades concretas para la población.
Recuperar la cultura de la prevención, reforzar la confianza en la ciencia y asumir la vacunación como un acto de responsabilidad colectiva constituyen imperativos ineludibles de la hora.
