
La denuncia realizada por el periodista Lucas Román, quien trabaja en una emisora de Buenos Aires, obliga a detenerse a reflexionar sobre un fenómeno que, lejos de atenuarse, parece recrudecer. Román aseguró haber sido agredido en la vía pública por un hombre al que no conoce, que “sin mediar palabra” le propinó tres trompadas en el rostro antes de retirarse. El comunicador atribuyó el ataque a su condición de gay y a su militancia dentro del colectivo LGTBIQ+.
Por supuesto, corresponde que la investigación judicial determine con precisión qué ocurrió y cuáles fueron las motivaciones del agresor. Pero si se comprobara que se trató de un ataque motivado por odio hacia la orientación sexual de la víctima, el episodio resultaría especialmente alarmante, porque confirmaría una tendencia inquietante: el crecimiento de la violencia contra las personas de la diversidad sexual en los últimos años.
Las estadísticas disponibles permiten dimensionar el problema. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, durante el primer semestre de 2025 “el último período con datos actualizados” se registró un aumento del 70% en este tipo de ataques en comparación con el mismo período del año anterior. En total, se documentaron 102 casos, una cifra que refleja un incremento significativo de episodios violentos motivados por prejuicios.
Ese clima social no surge de la nada. Cuando desde lugares de poder se emiten mensajes que estigmatizan o degradan a determinados colectivos, se habilita un terreno propicio para que algunos individuos crean legitimado su odio. El propio presidente Javier Milei llegó a vincular en declaraciones públicas la homosexualidad con la pedofilia, una afirmación que no solo carece de sustento, sino que además reproduce prejuicios históricamente utilizados para justificar la discriminación.
Cuando desde lugares de poder se emiten mensajes que estigmatizan a determinados colectivos, se habilita un terreno propicio para que algunos individuos crean legitimado su odio. Cuando desde lugares de poder se emiten mensajes que estigmatizan a determinados colectivos, se habilita un terreno propicio para que algunos individuos crean legitimado su odio.
En ese contexto, diversos episodios violentos ocurridos en los últimos dos años han generado preocupación. El más grave fue el triple lesbicidio ocurrido en el barrio de Barracas, en mayo de 2024, un hecho de una brutalidad extrema que conmocionó al país. Pero no fue el único. También se conoció el ataque a una activista lesbiana que fue apuñalada en Orán, Salta, en junio del año pasado; la golpiza sufrida por un joven gay en el barrio porteño de Palermo en agosto de ese mismo año; y agresiones contra viviendas de varones gay en Tigre e Ituzaingó, que incluyeron quemas de cerraduras, cortes de cables y pintadas con insultos homofóbicos.
El informe 2025 del Observatorio también aporta otro dato inquietante: las mujeres trans siguen siendo las principales víctimas de estos ataques, concentrando el 70,6% de los casos registrados.
Frente a este escenario, la sociedad no puede permanecer indiferente. Es indispensable promover campañas de concientización que contribuyan a desterrar tanto estos ataques como cualquier forma de discriminación hacia grupos minoritarios o personas de la diversidad sexual. Pero al mismo tiempo se requiere que el sistema judicial actúe con firmeza y que quienes cometen este tipo de agresiones enfrenten sanciones ejemplares.
