La Justicia Comercial decretó la quiebra de Garbarino tras determinar que no existen condiciones para sostener el concurso preventivo abierto en noviembre de 2021. La resolución del juez Fernando D’Alessandro se precipitó luego del fracaso del mecanismo de “cramdown” (salvataje), instancia en la que no se formalizaron propuestas de compra ni planes de pago consistentes para reestructurar la millonaria deuda de la compañía.
La medida implica el cese inmediato de actividades y el inicio de la liquidación de activos para conformar la masa de fondos destinada a los acreedores. La sindicatura deberá inventariar activos estratégicos como las marcas Garbarino y Compumundo, además de las unidades productivas Tecnosur y Digital Fueguina en Tierra del Fuego, las cuales se encuentran actualmente en estado de “parálisis total”.
El desplome de la cadena, que llegó a contar con 200 sucursales y 4.500 empleados en todo el país, se profundizó bajo la gestión de Carlos Rosales. Pese a los intentos por mantener una estructura mínima, la firma terminó operando apenas tres locales antes de este fallo, arrastrada por una crisis financiera que se tornó irreversible durante la pandemia de COVID-19.
La desarticulación del holding alcanza también a las unidades de negocios colaterales, incluyendo la financiera Fiden y la agencia Garbarino Viajes, cuya quiebra ya había sido dictada el año pasado. El juzgado mantuvo la inhibición general de bienes sobre la sociedad para asegurar que los recursos remanentes no sean desviados durante el proceso de remate.
En el caso de Compumundo, el brazo informático del grupo, la Justicia aplicó el mismo criterio de liquidación tras años de intentos de venta fallidos. El tribunal recordó que ya en 2021 una subasta pública por el 51% del paquete accionario de esta unidad había quedado desierta, lo que prefiguró el escenario de desinversión que hoy desemboca en el cierre definitivo.
La situación laboral de los trabajadores, que en 2021 sufrieron el despido masivo de 1.800 operarios tras meses de salarios impagos, entra ahora en su etapa final de resolución mediante el cobro de acreencias judiciales.
La sentencia firme pone fin a una de las crisis corporativas más prolongadas del sector retail en Argentina, marcada por negociaciones truncas y el agotamiento de todos los recursos legales previstos.
