El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, salió a defender al empresariado nacional y a reclamar un cambio de actitud del gobierno de Javier Milei hacia el sector industrial. En declaraciones a medios nacionales, el titular de la entidad expresó su preocupación por la caída de la actividad y por el giro discursivo del Presidente, que en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso cuestionó el modelo industrial argentino al que llamó “fetiche industrialista”, afirmando que el país había estado “atrapado” en ese esquema durante casi un siglo.
“Queremos que vuelva ese Milei que valora al empresario argentino, porque vamos a reconstruir el país, sin lugar a dudas”, dijo Rappallini, en alusión directa al mandatario, quien en campaña había caracterizado a los empresarios como “héroes”. Las declaraciones del industrial se produjeron días después de que la UIA y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) emitieran comunicados exigiendo “respeto” al gobierno y reclamando un “diálogo constructivo y respetuoso”.
Frente a las críticas hacia el sector por haber fijado precios excesivos en 2023, el titular de la UIA fue categórico: “El empresariado argentino, en general, no fue quien fijó la política. Las distorsiones fueron el resultado de procesos en los que la gran mayoría simplemente trataba de sobrevivir”. Y fue explícito: “Yo no quiero seguir criticando al empresario, soy el primero que lo va a defender”.
Rappallini describió un panorama preocupante en el sector. Desde 2023 se perdieron 60.000 puestos de trabajo en la industria y hay sectores con caídas de hasta 25 puntos respecto de 2022, como la construcción y los textiles. “Estoy hablando con muchísimos empresarios que me dicen: ‘Me está yendo mal, no vendo, pero quiero un país distinto, ordenado, con una economía que funcione'”, relató. Señaló que la industria ya bajó precios y se reacomodó a la nueva etapa, pero que persisten distorsiones estructurales que condicionan la competitividad.
Citó el caso de Irlanda como modelo: allí la economía transable de tecnología tributa alrededor del 12%, mientras que en Argentina el promedio ronda el 40%. “No se trata de un privilegio, sino de darle al sector la posibilidad de vender a precios internacionales; de lo contrario, quedaría afuera del mercado”, explicó.
Para Rappallini, la salida pasa por un doble compromiso del Estado y del sector privado. “Tenemos 600.000 empresas y 600.000 empresarios y tenemos que apalancarnos en ese capital social que ya existe, en gente que sabe producir, para construir esta nueva etapa y generar un crecimiento sostenible”, afirmó.
Consideró que la competencia permite bajar precios y que la sociedad accede a bienes más económicos, pero que eso requiere condiciones para que el empresario pueda adaptarse. Fue claro sobre los requisitos: “No hay desarrollo industrial posible sin un país normalizado, con inflación controlada y crédito restablecido.
Estamos convencidos de que la industria puede ser sustentable en el tiempo si existe un ordenamiento macroeconómico”. Y recordó que muchas de las distorsiones que enfrentaron “provienen del pasado y no fueron generadas por nosotros”.
En ese sentido, el industrial subrayó la necesidad de que el Estado acompañe el proceso de reacomodamiento de la economía. “También vemos con preocupación que en muchas áreas la actividad todavía está rezagada”, advirtió y llamó a impulsar una reactivación más homogénea que permita a la mayor cantidad posible de empresas argentinas adaptarse a la nueva etapa.
