Adhemar Bacchiani denunció nuevamente a quienes fueron sus socios, a exempleados y al abogado Carlos Correa, por el robo de sus propiedades, y que esa situación derivó en una falta de liquidez y el posterior incumplimiento de pago de utilidades a quienes tenían capitales invertidos en la financiera Adhemar Capital SRL. Fue trasladado ayer desde el penal de Miraflores a la Fiscalía Federal, imputado por intermediación financiera no autorizada agravada, lavado de activos, defraudación mediante un esquema Ponzi y asociación ilícita.
Con el asesoramiento de su defensor, Ezequiel Walther, y ante los querellantes Bruno Jerez, Diego Figueroa y Lucio Montero, criticó a la Fiscalía por no investigar sus denuncias. “Como cuando lo hice contra el Dr. Carlos Correa, que se quedó con 20 millones de dólares en propiedades mal vendidas por la quiebra. Con él podrían cobrar”, remarcó.
Aseguró que junto a su defensa “somos los únicos que estamos velando para que cobren” los damnificados y afirmó que “el síndico de la quiebra responde exclusivamente a Carlos Correa, a Segli y a algún otro político. Como la escribana Joaquina Córdoba Gandini y el contador Iván Segovia, que son todos extorsionadores; y no veo ni un querellante que vaya en contra de ellos”.
Recordó las denuncias cruzadas por el inmueble donde funciona el boliche Wika y denunció que “Carlos Correa me extorsionó por esa propiedad”. Bacchiani fue detenido junto a su banda el 22 de abril de 2022 y, un año después, el enfrentamiento con Correa -quien había ingresado a la financiera para ampliar la “profesionalización de la organización y su expansión”-, quedó expuesta con sus denuncias cruzadas.
En una ampliación de indagatoria, a mediados de 2023, Bacchiani señaló que la estructura de poder que él creó para que lo secundara lo traicionó. La red contaba con varios contadores públicos y escribanías donde se realizaron decenas de escrituras públicas traslativas de dominio, entre otros instrumentos legales, además de un plantel de abogados, entre ellos Lucas Retamozo y Carlos Correa, siendo este último el único de los dos letrados que quedó al margen del proceso judicial que se inició a principio de 2022. Correa ingresó a la financiera a principios de 2021, recomendado por su jefe, Eduardo Guerrero, propietario de la Inmobiliaria Guerrero, donde funcionaba una de las oficinas satélite de Bacchiani.
Además, se incorporó como inversor, representando intereses propios y de un importante número de inversionistas, entre ellos varios familiares. Según declaró ante la Justicia, sus actividades dentro de la SRL duraron varios meses.
Poder de decisión
Correa mantuvo numerosas comunicaciones telefónicas en abril de 2022 con Retamozo, a través de líneas que fueron intervenidas. Varias de esas conversaciones fueron expuestas por la fiscal cordobesa Valeria Rissi. A partir de esas comunicaciones, Rissi dejó constancia del grado de injerencia que ambos abogados tenían dentro de la estructura organizativa y piramidal liderada desde Catamarca por Bacchiani. También quedaron expuestas llamadas realizadas al contador Iván Segovia, quien al atender habría advertido: “Carlitos, ¿estamos por llamada normal, no?”.
Una de las exparejas y socias procesadas de Bacchiani, Zaraive Garcés Rusa, al declarar como imputada colaboradora, señaló que Correa la extorsionó y amenazó, al tiempo que le exigió que firmara varios documentos. “Correa me empezó a decir que yo tenía que firmar sí o sí, que mirara mi condición de inmigrante -es venezolana-, que no tengo los papeles bien, que pensara en mi hijo, que iba a quedar presa”, denunció en 2023 ante la Fiscalía Federal.
La mujer sostuvo además que la escribana -quien finalmente fue desvinculada de la causa-, “me dijo que me quedara tranquila, que no eran delincuentes. Habré firmado la mitad, unos 10 documentos. En uno vi el nombre del suegro de Lucas Retamozo. (…) La escribana me dijo: ‘Quedate tranquila que lo que estás firmando es para familiares de Segovia, de Carlos Correa, de Lucas Retamozo y de ella, la escribana’ (SIC)”, declaró Garcés Rusa.
Números
En la audiencia, Bacchiani intentó despegarse de su responsabilidad penal acusando de supuesta inacción a las querellas y a la sindicatura a cargo de la quiebra. Al cuantificar las presuntas pérdidas, afirmó que Correa se quedó con 20 millones de dólares, y lamentó el faltante de 60 mil dólares correspondientes a un equipo de frío para la casa central, “que no sé dónde está”.
También denunció que, bajo la gestión del síndico Walter Javier Andrada -por la quiebra de Edgar Bacchiani como persona física-, “desapareció” la rentabilidad de 3 millones de pesos mensuales que él obtenía cuando gerenciaba la firma Medialunas Calentitas. Mencionó además, un supuesto vaciamiento del Corralón Mi Viejo.
El extrader se quejó también “por la persecución judicial que vengo sufriendo no solo en Catamarca, sino en la provincia de Córdoba, por parte de la fiscalía de Valeria Rissi, y en la provincia de La Rioja, donde me achaca un delito federal la Justicia ordinaria y no le corresponde. Y por si la querella lo quiere saber, el presunto prófugo García Alaimo nunca estuvo prófugo: la fiscal Valeria Rissi lo dejó ir o no tomó ninguna medida coercitiva. Por eso es mi intención denunciar a la Dra. Rissi por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Querellas
Tras las acusaciones, Bruno Jerez aclaró que su parte se opuso a que el proceso de bienes se tramitara en el fuero comercial ordinario y subrayó que la acción civil no se limita solo a Bacchiani, sino que se dirige contra él y los otros 11 imputados. Por su parte, Montero sostuvo que las irregularidades señaladas por Bacchiani deben plantearse por las vías procesales correspondientes.
