El aumento de las tarifas eléctricas que empezó a regir ayer, tras la decisión del Gobierno nacional de profundizar la quita de subsidios, agrega un nuevo peso sobre los castigados bolsillos de los argentinos en general y los catamarqueños en particular. Es que la decisión de la Secretaria de Energía de la Nación se inscribe en un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios, que crecen por debajo de la inflación desde hace varios meses.
La referencia oficial sigue siendo el índice que publica el INDEC. Pero aun tomando ese parámetro —calculado sobre una canasta de consumo que supera los veinte años de antigüedad— los ingresos formales no logran acompañar el ritmo de los precios.
En Catamarca, la modificación dispuesta por el gobierno federal impacta de lleno. Hasta el viernes, el esquema reconocía las diferencias climáticas de la provincia. En los departamentos de La Paz, El Alto, Ancasti, Capayán y Valle Viejo, considerados “Zona Muy Cálida”, el subsidio cubría los primeros 550 kWh. En la “Zona Cálida” —Paclín, Ambato, Fray Mamerto Esquiú, Capital y Santa Rosa— el tope era de 370 kWh. Y en el resto de los departamentos, Belén, Santa María, Pomán, Andalgalá y Antofagasta de la Sierra, alcanzaba los 300 kWh.
Desde ahora, la diferenciación desaparece. El consumo subsidiado se fija en 150 kWh para todos los usuarios residenciales, sin distinción. En los hechos, para los hogares de las zonas más calurosas el recorte equivale a reducir a la mitad o a un tercio el margen protegido. Lo que antes quedaba dentro del beneficio pasará a facturarse a tarifa plena.
Tal vez expresar las modificaciones en una lenguaje técnico, mencionando consumos medidos en kilovatios hora dicen poco. Pero los montos concretos permiten dimensionar el impacto. Un usuario con un consumo mensual de 500 kWh pagaba $63.272,91. Con el nuevo esquema abonará $106.249,51. La diferencia supera los $42.000. En un presupuesto familiar ajustado, esa cifra no es un detalle menor.
El problema no se agota en la provincia. A nivel nacional, en los primeros dos años de gestión de Javier Milei, la tarifa eléctrica acumuló incrementos que duplicaron la inflación promedio del mismo período. La reducción de subsidios forma parte de una estrategia de equilibrio fiscal que apunta a ordenar las cuentas públicas. Pero la pregunta inevitable es quién absorbe el costo de esa corrección.
Si los salarios pierden contra los precios y, al mismo tiempo, los servicios públicos suben por encima de la inflación, el margen de consumo se estrecha dramáticamente. Con las familias casi sin capacidad de ahorro, el dinero que se destina a pagar la tarifa de la energía eléctrica deja de circular en comercios y actividades locales. La posibilidad de una reactivación apoyada en el mercado interno -motor vital de la economía argentina- se vuelve más lejana.
Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP que depende de la UBA y el CONICET, una canasta de servicios públicos va a rozar los 200 mil pesos por mes Según su relevamiento, en febrero una familia necesitó $192.181 para cubrir los costos de luz, gas, agua y transporte público.
El ajuste tarifario tiene consecuencias sociales concretas. En una provincia como Catamarca, con veranos intensos y economías familiares frágiles, la electricidad no es un lujo sino una necesidad básica.
