En el marco de las denuncias cruzadas que se realizaron por una supuesta administración fraudulenta en la seccional Catamarca de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), el fiscal Jorge Palacios ordenó una serie de medidas para recolectar elementos de prueba, entre las que hubo pedidos de informes a seis municipios del interior, tomas de testimonios a empleados y funcionarios contables.
En este sentido, según pudo conocer El Ancasti, los municipios que ya fueron notificados para informar sobre el mecanismo del pago de los aportes sindicales fueron Tapso, Los Varela, San Fernando (Belén), La Puerta, Belén y Chumbicha.
En total, se investiga el destino de más de $30 millones, que debieron ingresar a las arcas del sindicato entre octubre 2022 y diciembre de 2025, según cada caso, pero fueron transferidos a otras cuentas o en algunos casos entregados en efectivo a la extesorera del sindicato, Soledad Carrizo. Esta situación fue denunciada por la secretaria general de UPCN, Claudia Espeche, quien a su vez fue denunciada por Carrizo: la extesorera relató que ella realizaba la maniobra por pedido de la propia Espeche.
En paralelo, la denuncia que realizó Carrizo contra Espeche también fue girada a la fiscal Alejandra Antonino, quien investiga la denuncia de una mujer contra un empleado de UPCN por abuso sexual.
Según se pudo conocer, tanto en la denuncia por abuso como en la denuncia que Carrizo hizo contra Espeche también estaría apuntado el mismo hombre por supuestas coacciones. Esta decisión responde a que la causa la lleva adelante quien investiga el hecho más grave.
