Aunque la reforma laboral aún no ha sido sancionada y su debate continúa en el ámbito del Senado de la Nación, algunos de sus postulados parecen haber adquirido vigencia de hecho, empujados no por una decisión legislativa sino por la gravitación silenciosa de la economía real.
Entre los puntos más controvertidos del proyecto se encuentra la modificación del régimen de jornada laboral, con la eliminación del pago tradicional de horas extras y su sustitución por un “banco de horas”, mecanismo que habilita al empleador a reorganizar el tiempo de trabajo según necesidades productivas, pudiendo incluso extender la jornada hasta 12 horas diarias. Formalmente, esa norma todavía no rige. En los hechos, sin embargo, la extensión de las jornadas ya se verifica en amplios segmentos del mercado laboral.
La pérdida sostenida del poder adquisitivo explica buena parte del fenómeno. El salario privado formal perdió en promedio casi un 20% de su capacidad de compra en los últimos dos años. Esa erosión obliga a muchos trabajadores a aceptar horas adicionales, dobles turnos o actividades complementarias para cubrir necesidades básicas en un contexto de encarecimiento general del costo de vida.
Las estadísticas oficiales disponibles muestran que en la actualidad los asalariados trabajan en promedio 3,5 horas más por semana respecto de 2024, lo que implica un incremento cercano al 9%.
Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) describe con precisión el cuadro: “el aumento de la tasa de actividad, el aumento de las personas que buscan trabajar más horas y el aumento de las horas trabajadas indican lo mismo, un incremento de la demanda sobre el mercado laboral en un contexto donde los ingresos laborales caen lentamente y están en pisos históricos y el ingreso disponible es cada vez menor producto del aumento de las tarifas de servicios públicos”.
El fenómeno no se limita a la población en edad activa tradicional. El IAG advierte un retorno de jubilados al mercado laboral como consecuencia directa de la caída de los ingresos previsionales. Entre las personas de 66 años o más, la tasa de actividad creció 11% interanual. El instituto define ese ingreso como “supervivencial”: no responde a una elección personal ni a un deseo de realización tardía, sino a la erosión del poder adquisitivo de los haberes previsionales.
La reforma laboral en debate sostiene que una mayor flexibilidad generará empleo y dinamizará la economía. Pero la realidad muestra que la extensión de las jornadas ya está ocurriendo sin que ello se traduzca necesariamente en mayor bienestar. Por el contrario, se configura un escenario de sobrecarga laboral con ingresos en retroceso.
Revertir esta tendencia exige una política activa orientada a recomponer el poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones. Además, la recuperación del salario no es solo una cuestión distributiva. En una economía con un mercado interno hoy fuertemente comprimido, el incremento del poder de compra de los trabajadores tendría un efecto dinamizador inmediato sobre la actividad. Más consumo implica más producción, más inversión y, eventualmente, más empleo genuino.
