La dirigente provincial del MST-FIT Unidad, Alejandra Figueroa, se pronunció en contra de las declaraciones del gobernador Raúl Jalil, quien defendió la reforma de la Ley de Glaciares al afirmar que “no hay impacto ambiental más negativo que la pobreza”.
A través de un comunicado, desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad rechazaron “categóricamente cualquier intento de flexibilizar una norma que protege reservas estratégicas de agua dulce”.
“Es una falsa contraposición decir que hay que elegir entre combatir la pobreza o defender los glaciares. El modelo extractivista nunca resolvió la pobreza: dejó saqueo, contaminación y mayor dependencia”, expresó Figueroa.
La dirigente sostuvo que Catamarca es “un ejemplo claro” de ese planteo y mencionó los más de 30 años de explotación de Minera Alumbrera (proyecto Bajo de la Alumbrera). En ese sentido, enumeró “altos niveles de pobreza estructural en pueblos del interior, falta de infraestructura básica en comunidades cercanas a los emprendimientos, denuncias históricas por contaminación y escaso encadenamiento productivo local, con ganancias concentradas en grandes corporaciones”.
“Nos prometieron progreso y dejaron territorios empobrecidos y contaminados. Después de tres décadas de Alumbrera, ¿dónde está el desarrollo estructural para las mayorías trabajadoras de Catamarca?”, cuestionó.
Desde el MST-FIT Unidad afirmaron que la Ley 26.639 “no es un obstáculo al crecimiento, sino un piso mínimo de protección” en el contexto de crisis climática global, y señalaron que los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua dulce fundamentales para la vida, la producción agrícola y el equilibrio ambiental.
“La pobreza no se combate debilitando controles ambientales para facilitar negocios extractivos. Se combate con una redistribución profunda de la riqueza, inversión pública en trabajo genuino, diversificación productiva y soberanía sobre nuestros bienes comunes”, agregó Figueroa.
Asimismo, advirtió que flexibilizar la norma implicaría “profundizar un modelo primarizado y dependiente” y sostuvo que el extractivismo consolidó “un esquema de saqueo” que deja pasivos ambientales y dependencia económica.
Finalmente, convocó a la movilización social y política para defender el agua como bien común y rechazó que el argumento de la pobreza sea utilizado para avanzar sobre los glaciares.
